Miles de personas se manifiestan en Bilbao por un cambio en la política penitenciaria para los presos de ETA

La movilización, que ha cogido el testigo de la que dos horas antes ha recorrido las calles de la localidad francesa de Baiona, se ha desarrollado bajo el lema 'Orain presoak' (Ahora los presos) y a la misma se han adherido EH Bildu, Podemos y ha contado asimismo con delegaciones de todos los sindicatos vascos, incluidos CC.OO. y UGT.

Entre los asistentes se ha podido ver así al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi; la portavoz de la coalición en el Parlamento vasco, Maddalen Iriarte; los diputados Oskar Matute, Mertxe Aizpurua y Jon Iñarritu; el secretario de Comunicación de Podemos Euskadi, Andeka Larrea; el diputado de Unidas Podemos Roberto Uriarte; el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, y los secretarios generales de ELA y LAB, Mitxel Lakuntza y Garbiñe Aranburu, entre otros.

También han tomado parte en la marcha, que ha recorrido las calles de la capital vizcaína al grito de 'Euskal presoak, etxera', una delegación de ERC integrada por su diputada en el Parlament Núria Picas y su vicesecretario general, Isaac Peraire, así como del diputado de JxCat en el Parlament Eduard Pujol, y del diputado de la CUP en el Congreso, Albert Botran.

Durante la marcha, en la que junto a banderas reclamando la vuelta de los presos «a casa» se han podido ver numerosas esteladas, el portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, ha pedido al nuevo Gobierno español que «escuche a una sociedad vasca que quiere la paz y no desea que los presos estén alejados a miles de kilómetros» ni que los reclusos «gravemente enfermos sean puestos en libertad solo cuando se van a morir».

«Al nuevo Gobierno le exigimos no más vulneraciones de derechos. No mas legislación de excepción», ha indicado, al tiempo que ha advertido también a los representantes vascos en el Congreso de los Diputados que es el momento de avanzar y trasladar allí esta reivindicación».

A su juicio, es el momento de trasladar a las Cortes Generales, «los acuerdos que se han venido alcanzando en las instituciones vascas, porque es necesario seguir dando pasos, para que Euskadi pueda avanzar hacia un futuro en paz y convivencia». «No hablamos de reivindicaciones políticas. Hablamos de derechos y ello nos debe unir a todas y todos, en terminar con esta situación», ha incidido.

Rodero y Lasa

A la finalización de la marcha, frente al Ayuntamiento de Bilbao, Asun Lasa, hermana de la víctima del GAL José Antonio Lasa, y Rosa Rodero, viuda del ertzaina Joseba Goikoetxea, asesinado por ETA, han leído un manifiesto en el que se han presentado como «víctimas de las diferentes violencias que ha sufrido nuestro pueblo» y se han mostrado «decididas a dejar a nuestros hijos y nietas una sociedad reconciliada, en paz y mejor que la que recibimos de nuestros mayores».

Tras señalar que no quieren que nadie hable en su nombre, sí han apostado por «traducir el sentir de muchas víctimas si decimos, alto y claro, que los derechos humanos deben ser también la norma de actuación en las cárceles de España y Francia».

«Por eso reclamamos la no discriminación en la gestión de los beneficios penitenciarios, el acercamiento de los presos a su entorno familiar, la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas o mayores, la progresión de grados, la revisión de las condenas injustas...», han reclamado.

A su juicio, si se quiere forjar una convivencia democrática, es necesario entender los Derechos Humanos «como punto de partida y de encuentro para cualquier entendimiento social y como eje mínimo de la vida política».

«Así deberían asumirlo todas las asociaciones con vocación constructiva y que miren por sus asociados, lejos de cualquier instrumentalización de ninguna fuerza política o de la defensa de la venganza por encima del Derecho», han añadido.

En este contexto, han valorado que, «en condiciones de falta de diálogo político, se logró el cese unilateral de la violencia hace casi 10 años, la disolución de ETA hace año y medio y la implicación de la sociedad civil allí donde las instituciones por cobardía no se involucraron».

«Todo ello nos hace pensar que nos encontramos en vías de forjar una convivencia democrática, basada en la inclusión social y en una cultura de derechos humanos y de paz que garantice la no repetición», han señalado, para añadir que esa no es sin embargo la actitud del Estado español.

Tras denunciar la muerte el pasado mes de octubre del preso de ETA Ángel Ochoa de Eribe, cuatro meses después de ser excarcelado, «a pesar de sufrir una enfermedad grave desde 2015», han acusado al Estado de dar «continuidad a esta situación siendo muy excepcionales las decisiones de humanización en materia de política penitenciaria».

Cataluña

En el comunicado, también se han referido a la situación que viven los presos catalanes vinculados con el 'procés' a quienes les han trasladado su «cariño y solidaridad».

«Constatamos con preocupación que la excepcionalidad permanente, tanto judicial como penitenciaria han alterado las reglas para una justicia proporcionada y un sistema penitenciario integrador», han añadido.

En este contexto, han incidido en que «no se puede construir una sociedad reconciliada sobre una base punitiva injusta y vengativa» y han defendido que tras la mayoría conformada en el Estado por «corrientes progresistas», este tema «debe formar parte, valientemente, de la agenda del Estado, y más desde su reclamación ineludible y urgente por parte de los partidos políticos vascos y catalanes».

A su juicio, en el caso de que el Estado se niegue a respetar esos derechos, los presos de ETA y sus familiares pasarán a «la condición de rehenes de una guerra inexistente, que solo está en el imaginario de un poder que piensa en términos de vencedores y vencidos».

«A la condición de víctimas, por sufrir en carne propia los abusos de un Estado de Derecho indigno de ese nombre y, por último, a la condición de dejar de ser presos o presas o familiares de tal o de cual, para ser simplemente personas presas con familia y su situación una responsabilidad colectiva», han defendido.

Por último, han sostenido que el «problema» ya no lo tiene el Estado con una «organización disuelta e inexistente» --en referencia a ETA--sino con «una sociedad que no quiere mayoritariamente que en su nombre se vulnere ningún derecho».