Previsiblemente también se aprobará la concesión de la prestación por desempleo sin exigir periodo de carencia y la suspensión temporal del pago de cotizaciones a empresas, autónomos y trabajadores.
Tras la aprobación y entrada en vigor del estado de alarma para al menos 15 días el pasado sábado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparecerá este miércoles en el Congreso para dar cuenta del mismo, avanzó que se aprobarían nuevas medidas económicas en el Consejo de Ministros de este martes para paliar los efectos de la COVID-19.
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha admitido este lunes que el estado de alarma decretado por el Gobierno se extenderá más allá de los 15 días exigidos en la ley, con la consiguiente restricción de la libre circulación y el restablecimiento de los controles de fronteras, por lo que cree que «es la hora de aplicar con ambición» medidas de mitigación del impacto, que el propio Sánchez reconoció que será «grande».
Las nuevas medidas se sumarán a las primeras del paquete de choque económico ya recogidas en el decreto-ley aprobado el pasado jueves en Consejo de Ministros extraordinario, con la inyección de 18.225 millones para paliar las consecuencias económicas, junto a las consensuadas por el Eurogrupo de este lunes.
La Comisión Europea flexibilizará los objetivos de déficit y adoptará medidas para garantizar liquidez, así como el uso de 37.000 millones de fondos estructurales, de los que 4.100 irán para España.
Buena parte de las medidas que verán la luz este martes coinciden con las que acordaron proponer al Ejecutivo sindicatos, empresarios y organizaciones de autónomos. Entre ellas, se incluirán en principio la agilización de los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTEs) en determinados sectores y el acceso a la protección por desempleo sin exigir periodo de carencia.
Los sindicatos también piden que los periodos de la prestación por desempleo consumidos durante esa suspensión no cuenten para futuras prestaciones por desempleo.
Conforme a sus propuestas, las medias adoptadas por las administraciones por motivo de salud pública, como cierre de centros, cancelación de actividades, restricciones a la movilidad de personas o mercancías o aislamientos para evitar contagios podrán justificar ERTE «por fuerza mayor».
Otras de las medidas que se barajan es la suspensión temporal del pago de cotizaciones a la Seguridad social para empresas, autónomos y trabajadores. En cualquier caso, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han confirmado que se aplaza por ahora el aumento de las bases de cotización dadas las circunstancias.
A su vez, el Gobierno está barajando establecer una línea de avales para ayudar a las empresas ante el impacto del coronavirus en sus negocios y, para el colectivo de autónomos, agilizar la concesión de la prestación por cese de actividad a los autónomos. Aunque ya se ha aprobado el aplazamiento de las cotizaciones podrían llegar a anularse durante el periodo que dure el Estado de alarma.
Cabe recordar que las personas en aislamiento preventivo por razón de contagio de la COVID-19 se considerasen en situación de incapacidad temporal asimilada a una baja laboral por accidente de trabajo, según aprobó el pasado martes el Consejo de Ministros.
Igualmente, las nuevas medidas podrían recoger la medida anunciada la semana pasada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, referida a la prestación para los padres que tengan que renunciar a su trabajo para cuidar a sus hijos, que comportará «un coste significativo, pero manejable».
También se aprobará un cambio normativo para ampliar los plazos en los procedimientos tributarios de los contribuyentes, según informó la Agencia Tributaria, que será flexible y no considerará los incumplimientos de trámites pendientes.
Entre tanto, ya ha finalizado el trámite de consulta pública para los nuevos impuestos que gravarán el uso del transporte aéreo y los artículos de plástico de un solo uso, si bien fuentes del Ministerio de Hacienda han indicado que ahora se está priorizando la implementación de medidas para luchar contra el virus.
No obstante, se mantiene la intención de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020, tal y como indicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Las medidas de este martes se sumarán a las del real decreto-ley aprobado el pasado jueves con las primeras del plan de choque contemplaba la inyección de 18.225 millones para paliar las consecuencias económicas del coronavirus, que incluye el aplazamiento y fraccionamiento de hasta 30.000 euros en deudas tributarias por un plazo de seis meses sin intereses, con tres meses de carencia, y una inyección de 14.000 millones de euros en liquidez a pymes y autónomos.
Para los empleados de la Administración General del Estado (AGE), los trabajadores en aislamiento continuarán percibiendo el 100% de sus retribuciones y se permitirán modalidades de trabajo no presencial y se flexibilizará el teletrabajo para los padres. A su vez, la norma agiliza el procedimiento para la contratación de todo tipo de bienes o servicios que sean necesarios.
Asimismo, se habilita a Hacienda para realizar transferencias entre las distintas secciones presupuestarias con el fin de reforzar la financiación de la política sanitaria por parte del Estado.
Además, se dota una línea específica de crédito del ICO de 400 millones de euros destinada a empresas y autónomos del sector turístico y se permite que las empresas que han recibido préstamos de la Secretaría General de Industria y de la pequeña y mediana empresa puedan aplazar su reembolso.
También se amplían las bonificaciones a la Seguridad Social para contratos fijos discontinuos que se realicen entre los meses de febrero y junio en los sectores de turismo, comercio y hostelería vinculados a la actividad turística, con un coste estimado de 45 millones de euros.
Asimismo, se facilita que las aerolíneas no tengan que utilizar un mínimo de slots determinado para conservarlos, lo que será de «gran alivio» para las aerolíneas, aunque esta medida requerirá de autorización por las autoridades europeas.
En paralelo, Renfe permite desde ayer que los viajeros cambien para otra fecha o anulen sin coste alguno los billetes de tren que tengan adquiridos. Además, también se aprobó el pasado martes la suspensión de todos los viajes del programa de Turismo Social del Imserso durante un mes.
Para combatir la enfermedad también transfieren 2.800 millones de euros a las CCAA para el Sistema de Salud Pública, como adelanto de los anticipos a cuenta previstos en el sistema de financiación autonómica. Se moviliva en torno a 1.000 millones de euros del Fondo de Contingencia de los PGE destinados a intervenciones sanitarias prioritarias señaladas por el Ministerio de Sanidad.
En cuanto a las medidas de atención directa a las familias, se aprueba una dotación extraordinaria de 25 millones de euros para reforzar los servicios sociales de las comunidades autónomas y se flexibilizará la obtención de becas-comedor para hacerla efectiva incluso en los colegios cerrados.
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