Los trabajadores de una farmacia de Palma, protegidos en su labor de cara al público. | Teresa Ayuga

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El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dicho este jueves que no habrá ningún tipo de compensación para las farmacias que hayan adquirido mascarillas a precios superiores a los 0,96 euros establecidos, aunque considera que dada la demanda de este producto, no cree que exista mucho stock.

Así lo ha afirmado en rueda de prensa junto con el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, en la que ha subrayado que las mascarillas quirúrgicas, que son las que tienen un precio máximo fijado de 0,96 euros por unidad, «va a ser ejecutiva desde el momento que sea ejecutiva y no habrá ningún tipo de compensación».

Ha destacado el «muy buen papel» que está haciendo la red de farmacias de España y ha considerado que, dado que este tipo de mascarillas son un producto muy demandado, «entiendo que ninguna de ellas tendrá stock de este producto que ha ido teniendo salida en el mercado».

Por su parte, Iglesias se ha referido a la capacidad del país para fabricar su propio material de protección para profesionales sanitarios, mascarillas o test de diagnóstico y ha dicho que la política industrial se tiene que redefinir.

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«No puede ser que la cuarta economía de la zona euro, si viene una pandemia como ésta, no tenga capacidad para producir respiradores suficientes para las UCI o para producir todos los equipos de producción individual y que tengamos que vernos en una situación de desorden global», ha advertido.

Iglesias se ha referido a la situación del mercado internacional donde a su juicio hay «poco menos que una guerra caníbal por ver quién consigue las mascarillas» y donde «los especuladores y los buitres pretenden hacer el agosto a consta de la salud de los ciudadanos».

En ese contexto, en el que los Gobiernos no tenían capacidad ni para fabricar respiradores imprescindibles para las UCI, Iglesias ha destacado cómo ha surgido un movimiento de solidaridad de empresas y trabajadores, como los de la factoría de Martorell, que ha puesto encima de la mesa los límites de la industria española para responder a una situación así.

«Por lo tanto, es un consenso transversal que habrá que reorganizar la industria para que, si vuelve una situación como ésta, nuestro país tenga los medios necesarios para fabricar respiradores y equipos de protección individual», ha señalado.