La Fiscalía Anticorrupción solicita 14 años de prisión para el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo por la pieza separada número 6 del 'caso Tándem', denominada 'Pintor', que indaga en el encargo que le habrían hecho unos empresarios para extorsionar a un exsocio y al abogado de éste, el exjuez Francisco Javier de Urquía.
En el escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, los fiscales anticorrupción acusan a Villarejo de tres delitos de descubrimiento y revelación de secretos y dos de extorsión en grado de conspiración.
La pieza 'Pintor' es la tercera de la macrocausa Tándem, que investiga las actividades supuestamente ilícitas del comisario jubilado, que ha concluido el juez instructor, Manuel García Castellón. Con esta, la Fiscalía ya pide más de 100 años de cárcel para el expolicía, que está en prisión preventiva desde noviembre de 2017.
En esta pieza 6, los fiscales acusan de los mismos delitos que a Villarejo al que era su socio en el entramado empresarial Grupo Cenyt, Rafael Redondo, y su hijo José Manuel Villarejo Gil, para quienes también piden 14 años de cárcel.
Para los expolicías Antonio Bonilla y Javier Fernández Pérez, el Ministerio Público solicita 8 años de cárcel, mientras que interesa 12 años para el también exagente José Manuel González Escobar. Se les acusa de colaborar con Villarejo para llevar a cabo este encargo concreto.
En cuanto a los empresarios que contrataron al excomisario, Juan y Fernando Muñoz, Anticorrupción pide 8 años de prisión, mientras que para los abogados de ambos, José Luis García González y Ricardo Álvarez-Ossorio, reclama seis años y 14 meses de cárcel, respectivamente. Los detectives que se involucraron en este encargo se enfrentan a una petición fiscal de 12 años de prisión.
Los hechos que originaron la apertura de esta pieza hace dos años se centran en la contratación que realizaron los hermanos Muñoz a principios de 2017 de los servicios de Villarejo para conseguir información de un exsocio, Mateo Martín Navarro, que se había declarado insolvente ante una reclamación de un millón y medio de euros de Hacienda en concepto del IVA. Al declararse insolvente, toda la reclamación se dirigía exclusivamante a Fernando Muñoz.
Villarejo, con la colaboración de varios de los integrantes del Grupo Cenyt, proporcionó a Juan y Fernando Muñoz «diversa información sensible y de acceso restringido» del exsocio y de su abogado, el exjuez Urquía, «a cambio de 20.000 euros, precio que se abonó en efectivo y sin dejar ningún rastro documental».
El objetivo de esa contratación ilícita era localizar activos patrimoniales del exsocio investigado para evidenciar el «carácter ficticio de la situación de insolvencia», a la par que obtener «debilidades» del abogado, como medida de presión para forzarles a aceptar condiciones o acuerdos económicos favorables para los Muñoz.
Para lograr su cometido, el comisario se habría valido de un vídeo de contenido sexual y de consumo de drogas que grabó en su día al entonces juez en Marbella en connivencia con el traficante de armas Monzer Al Kassar, y que ofreció a los empresarios a cambio de un precio asegurando que era obra del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Según el escrito fiscal, para obtener la información sensible Villarejo, su hijo y su abogado Rafael Redondo se sirvieron de los servicios de una detective y de funcionarios de Policía que realizaron accesos ilegítimos a bases de datos policiales.
Anticorrupción pide que tanto Martín Navarro como el exjuez Urquía sean indemnizados solidariamente por todos los acusados con 20.000 y 200.000 euros, respectivamente.
Una vez recibido el escrito de conclusiones provisionales de Fiscalía Anticorrupción, así como el de la acusación popular que ejerce Podemos, el magistrado García Castellón ha dictado auto de apertura de juicio oral contra los 14 imputados, que ahora deberán presentar su escrito de defensa, para a continuación enviar la causa a la Sala de lo Penal, que será la que fije la fecha del juicio.
El instructor también ha dictado auto de apertura de juicio oral de la pieza 2 del 'caso Tándem', denominada 'Iron', la que se refiere al presunto encargo que habría hecho un despacho de abogados a Villarejo para espiar a un bufete de la competencia, según la resolución a la que ha tenido acceso Europa Press.
Anticorrupción pide en este caso para el comisario jubilado 57 años de cárcel por delitos de cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.
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