La Audiencia Nacional imputa a Corinna

El magistrado de la Audiencia Nacional ha acordado la reapertura de esta pieza, denominada Carol y que es la número 5 del caso Villarejo, donde investiga esas supuestas grabaciones y también ha llamado a declarar como imputados al excomisario José Villarejo, a su socio Rafael Redondo y al expresidente de Telefónica Juan Villalonga, según confirman a Efe fuentes jurídicas este lunes.

El juez explica que ha acordado reabrir esta pieza, archivada el 7 de septiembre de 2018, tras recibir los informes policiales en los que se han analizado los archivos de audio de Corinna encontrados en los domicilios de Villarejo y Redondo y la solicitud de cooperación judicial remitida por la Fiscalía suiza en relación con estos hechos, por los que el Ministerio Público de aquel país pedía la colaboración por la conexión entre los hechos de ambas investigaciones.

La reapertura, explica el juez, se dirige en concreto a esclarecer la posible existencia de un encargo por parte de la señora Larsen al señor Villarejo, encargo que vendría referido a la obtención en España de unos datos correspondientes a una persona de nacionalidad española, así como recabar todas las circunstancias que pudieron rodear este hecho, «sin perjuicio de que ello nos pueda llevar a otros tipos de infracciones».

En una de las conversiones mantenidas entre Villarejo y Corinna, ésta le expone sus inquietudes respecto a una asistente personal española que pudiera estar filtrando información sobre su vida privada. Villarejo, tras recomendarle chequear sus llamadas y mensajes para saber con quién hablaba, le vendió sus servicios explicando que tenía los mejores especialistas del mundo.

En ese sentido, el juez considera que debe averiguarse si el encargo llegó a materializarse y si se abonó cantidad por ello, lo que podría constituir delitos de cohecho activo y pasivo en los que podrían haber intervenido los investigados por los delitos cometidos en España.
En esa conversación aluden a un tal Juan, que se cree que es Villalonga, al aparecer al principio de otras grabaciones, como la persona que puso en contacto a Corinna con Villarejo y quien, según el excomisario, le dijo que tenía que defender a Larsen «a muerte».

La amiga del rey le dio todos los datos personales de la asistente que le pidió Villarejo, nombre, apellidos, estado civil, y el excomisario se comprometió a tener datos sobre ella en un mes.

Estas manifestaciones, dice el instructor, «justifican cuanto menos esclarecer si se llegó a materializar el encargo referido, en qué consistió y si se abonó cantidad o hubo ofrecimiento o promesa de compensación».
El juez considera que los últimos informes policiales recibidos le permiten reabrir esta pieza sin la necesidad de una querella por parte de la Fiscalía por tratarse de un delito de español cometido en el extranjero (Villarejo grabó estos encuentros en Londres, donde vive Larsen).

Ambos intervinientes, expone el auto, hablan de hechos que se podrían haber cometido en España, «como es la obtención de información a través de servidores radicados en territorio nacional (...) respecto a dispositivos radicados también en España».
Además, «al no venir referida la reactivación, en este momento a los delitos conexos que parecen deducirse de las manifestaciones de Corinna Larsen» sino al citado encargo, «esta investigación no se diferenciaría de las que son objeto» en esta causa.

Dado que el juez y la Fiscalía han mantenido una discrepancia sobre la conexidad entre los hechos investigados en Suiza y España, el magistrado acuerda dar traslado al Ministerio Público a fin de que informe sobre la posible existencia de conexidad delictiva y sobre la competencia de la jurisdicción española para el conocimientos de los hechos.

A esta nueva investigación en la Audiencia Nacional se suma la que tiene abierta la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre el presunto cobro de comisiones para la adjudicación del AVE a La Meca (Arabia Saudí) y que le remitió Anticorrupción al comprobar que podría estar involucrado el rey emérito, que es aforado y cuya inviolabilidad hasta que dejó de ser rey en 2014 impide que se le pueda investigar por hechos cometidos antes de su abdicación.
Al pedir el archivo de la pieza Carol, la Fiscalía señaló que los indicios de la «eventual intervención» de Juan Carlos I en los hechos relatados por Corinna eran «extraordinariamente débiles, pues consisten en la mera referencia que hace una persona (Corinna)».

No obstante, Anticorrupción creyó procedente indagar por su cuenta los pormenores de la adjudicación de la obra del AVE a La Meca (Arabia Saudí) en 20111 y, mientras eso se producía, se conoció la investigación del fiscal suizo Yves Bertossa sobre una cuenta de una fundación panameña vinculada al rey emérito en la que le fueron ingresados 65 millones de euros que después transfirió a otra de Corinna.