Al poco de conocerse la decisión del juez, fuentes de la cúpula del Partido Popular han confirmado a Europa Press que Erguido acudirá a declarar voluntariamente en el llamado 'caso Púnica' «a pesar de que no estar obligado a hacerlo».
En el auto, el juez señala que el aforamiento «impediría que se le pudiera tomar declaración» como investigado en la Audiencia Nacional, por lo que abría esa vía a que la declaración se produzca «de forma voluntaria (si este fuera su deseo), y de conformidad con el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».
Y apuntaba que, en caso de que no declarara voluntariamente, se procedería a oficiar a la Presidencia del Senado a los efectos de que certifique la condición de senador y, tras esto, «se valorará, en su caso, la procedencia de elevar exposición razonada ante el Tribunal Supremo».
Cabe recordar que ya en marzo de 2018, el exgerente de Waiter Music José Luis Huerta admitió ante García-Castellón que organizó actos electorales del PP en Madrid y que no los cobraba, al mismo tiempo que resultaba adjudicatario de la planificación de las fiestas de numerosas localidades de la comunidad. Entre esos municipios se encontraba Algete, localidad de la que fue concejal Erguido.
De hecho, según el escrito de Fiscalía de 25 de julio, entre 2007 y 2014 el ayuntamiento 'popular' de Algete pagó a empresas de José Luis Huerta aproximadamente 1,9 millones de euros. Esta operación se produjo tras la entrada como alcaldesa del Ayuntamiento de Algete de Inmaculada Juárez Menéndez, que «encargó como responsable directo para las cuestiones de festejos, no a la Concejalía de Cultura como venía siendo habitual, sino a su primer teniente de alcalde, David Erguido Cano y al cargo de confianza representado por Lorenzo del Triunfo Calleja».
«La idea preconcebida es que se debía utilizar el procedimiento negociado sin publicidad para que el adjudicatario de las mismas fuese Waiter Music», reza el escrito de Fiscalía, desde donde se apunta además que en el caso de Algete «existen indicios de un delito continuado de prevaricación administrativa, de un delitocontinuado de falsedad en documento mercantil y oficial por incorporación, así como de un delito de continuado de malversación y delitos de cohecho.
Con todo, el Ministerio Público advierte de que tanto la posible malversación como los cohechos por eventos no pagados estarían prescritos al haber pasado más de 10 y 5 años desde su realización. Por tanto, añade que en el caso concreto de Algete, «únicamente cabe continuar el procedimiento frente a los mismos por el posible delito continuado de prevaricación».
En el nuevo auto del magistrado relativo a la pieza separada número 7 de la macrocausa en la que se investigan esas contrataciones de la empresa 'Waiter Music' por diversas entidades públicas y que estaría presuntamente relacionada con la financiación ilegal del PP de Madrid, el juez cita en calidad de investigados a otras 14 personas más.
Se trata de la exalcaldesa de Chinchón María Luisa Fernández Fernández, de los exconcejales de Valdemoro María Jesús Juárez López, Isabel Martín Gregorio, José Javier Hernández Nieto y Juan Francisco Pérez Cabrera; María del Carmen Benito Saldaña; Ángel Marcos Morante; María Ángeles Herrera García; el exalcade de Valdemoro José Carlos Boza Lechuga; María Azucena Díaz Rodríguez; Miguel Ángel Valdepeñas Rodríguez; y Rafael Marín Valenciano.
También cita al que fuera alcalde del Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada Pita, y al exalcalde de Móstoles Esteban Parro. Previamente, ya se citó a declarar como investigados en julio a la que fuera alcaldesa de Algente Inmaculada Juárez Meléndez y el concejal madrileño Lorenzo Triunfo Calleja.
Por otro lado, en su resolución el juez señala que en el escrito del Ministerio Fiscal de 15 de julio, se hace expresa referencia a acciones que no serán objeto de acusación por la Fiscalía, y por lo tanto no han sido objeto de investigación. En concreto, indica que son las relativas a denuncias relacionadas con contratos con Waiter Music en ayuntamientos como los de Alcalá de Henares, Villarejo de Salvanés, Getafe, Leganés, Alcorcón, Navalcarnero, Arroyomolinos, Torrejón de la Calzada.
El magistrado entiende que estas denuncias son sobre sucesos ya prescritos o bien sobre hechos puntuales que deben dirimirse en otros juzgados. Por eso acuerda su inhibición rspecto a determinadas denuncias a favor del Juzgado Decano de Getafe, de Leganés, de Alcorcón, y de Navalcarnero.
Además de enmarcar concretamente los hechos a investigar en esta pieza 7, el magistrado en su auto traslada documentación a la UCO para que investiguen la existencia de hechos susceptibles de constituir infracción penal en relación a la presunta contratación con la empresa Waiter Music por parte del Ayuntamiento de Chinchón.
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