El Gobierno planea convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil protegido

Calvo, que ha presentado el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, ah dicho que esa «resignificación» se hará en el futuro y está aún por estudiar.

Entre las novedades de la ley, destinada fundamentalmente a exhumar, identificar y reparar a las víctimas, está la futura conmemoración de dos fechas: el 31 de octubre, fecha en que se aprobó el proyecto de Constitución española de 1978 en el Congreso de los Diputados y el 8 de mayo como efeméride para recordar a quienes lucharon contra el nazismo y el fascismo.

Calvo también ha avanzado que se cambiará el nombre al Panteón de Hombres Ilustres, donde las mujeres están «desaparecidas», por el de Panteón de España, y se le dará relevancia enterrando en él a personalidades ilustres. La vicepresidenta ha hecho una encendida reivindicación de Clara Campoamor, la impulsora del voto femenino en España, porque «se le debe la aplicación exacta y precisa de la soberanía popular».

Por otro lado, ha afirmado que la ley pretende «proteger para el futuro los archivos de la Presidencia del Gobierno de España», tener «útiles» los archivos históricos hasta el momento anterior a la democracia y traer a España archivos de personalidades insignes que se encuentran fuera del país.

Declarará nulos los juicios represivos del franquismo

La nueva Ley de Memoria Democrática también prevé declarar «nulos de pleno derecho» los juicios sin garantías del franquismo, transformar el Valle de los Caídos en un cementerio civil y destinar fondos para recuperar restos de las fosas comunes.

Prohibirá también aquellas fundaciones o asociaciones que reciban fondos públicos y «que promocionen el totalitarismo o enaltezcan figuras dictatoriales», algo que ya ocurre en otros países europeos.

La norma también prevé retirar condecoraciones a personas relacionadas con el régimen franquista y que recibieron esas menciones por su actividad en contra de la democracia, como fue la concedida en su día al policía fallecido «Billy el Niño».

La habilitación de un banco de ADN que facilite la identificación de los restos todavía pendientes de recuperación en miles de fosas comunes aún no exhumadas y la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para proteger los derechos de las víctimas de la represión y la dictadura son otras novedades de esta iniciativa.

Además, se incluye el establecimiento de dos fechas conmemorativas, el 31 de octubre, cuando las Cortes aprobaron la Constitución, y el 8 de mayo, fecha de la liberación europea del nazismo, para recordar a las víctimas de la dictadura y a los exiliados españoles, respectivamente

Calvo ha anticipado que el desarrollo de esta nueva norma, que actualiza la Ley de Memoria Histórica de 2007, será muy largo, y como se tardará «mucho tiempo» en aplicar, se prevén planes cuatrienales que garanticen su viabilidad presupuestaria y culminar la pretendida reparación de las víctimas del franquismo.

Se trata, ha enfatizado la vicepresidenta, de un «texto urgente» porque la democracia «no podía permitirse seguir un día más sin tener encima de la mesa una ley como ésta» que va a permitir «homologar» la democracia española a las más avanzadas del mundo, al tener muy en cuenta la normativa de defensa de derechos humanos.

En esta línea, la norma incluye la atención a colectivos especialmente reprimidos por la dictadura, como mujeres u homosexuales, así como la etnia gitana y se contará, ha dicho Calvo, con las asociaciones de la Memoria para su impulso.

La protección de los archivos que permitan recuperar ese legado, como los archivos de los expresidentes del Gobierno durante el periodo democrático, el impulso a la investigación de episodios históricos represivos, e incluso el retorno a España de fondos documentales del exilio también se incorporan a esta Ley de Memoria Democrática.

Mención aparte tendrá el ámbito educativo, ya que el estudio de la Memoria Democrática se incorporará al currículum de la educación secundaria y el bachillerato y también a la formación del profesorado.

A diferencia de la Ley de Memoria Histórica en vigor, aprobada durante el mandado de José Luis Rodríguez Zapatero, el anteproyecto prevé un régimen sancionador, con multas de hasta 150.000 euros.