El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participando la pasada semana desde Madrid en la reunión extraordinaria del Consejo Europeo. | MONCLOA/Borja Puig de la Bellaca

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El Consejo de Estado muestra su «preocupación» por la eliminación o modulación, llevada a cabo por el Gobierno en el Real Decreto sobre la administración de los fondos europeos para la recuperación económica, de mecanismos de control «en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones».

El informe fue realizado por la Comisión Permanente del Consejo de Estado el pasado 21 de diciembre y en él examina el expediente relativo al proyecto de Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Este Real Decreto fue convalizado en el Parlamento pero el PP acusó al Gobierno de haber ocultado el citado informe del Consejo de Estado. El citado organismo lo ha hecho público hoy con la advertencia de que se deben implementar «todas las medidas precisas paragarantizar una adecuada y eficiente asignación de los recursos procedentes de los fondos europeos y, en particular, del Instrumento Europeo de Recuperación».

En este sentido, el informe precisa que «a la regulación proyectada» por el Gobierno, se formulan observaciones de distinta naturaleza y entidad, que «con frecuencia tienen como denominador común la preocupación del Consejo de Estado ante la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones».

Entre dichas observaciones, resaltan aquellas que han calificado como «esenciales» por considerarlas «especialmente relevantes» en aras a lograr un «elevado nivel de seguridad jurídica y económica de las medidas que puedan adoptarse para la gestión de los fondos europeos», las relativas a la necesidad de recabar todos los informes preceptivos que se determinen legalmente, incluido el dictamen del Consejo de Estado, antes de resolver los correspondientes procedimientos y de someter a fiscalización previa los expedientes financiados con cargo a los citados fondos.