EEUU alerta sobre los «múltiples» ataques verbales del Gobierno de España a la prensa

El informe, publicado por el Departamento de Estado estadounidense, detalla algunos de estos ataques, como el del 1 de marzo de 2020, cuando el presidente, Pedro Sánchez, acusó a los medios «conservadores» de «agitar a la sociedad» cada vez que «los conservadores pierden una elección», y el exvicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesia afirmó que la prensa crítica con el Gobierno había «ofendido la dignidad del periodismo».

También en el mes de marzo, detalla el escrito, Iglesias «amenazó con enviar a prisión a un periodista por publicar información comprometedora sobre su partido, especialmente sobre su financiación», unas declaraciones que fueron inmediatamente condenadas por la Asociación de Prensa de Madrid.

Otro de los comentarios a los que hace referencia el escrito son los del portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que a través de un tuit «atacaba la profesionalidad de un presentador de televisión».

Frente a estas declaraciones por parte de miembros del Gobierno, Estados Unidos recuerda que la Federación de Asociaciones de Periodistas de España condenaron a Iglesias y Echenique por intentar «coaccionar e intimidar» a los periodistas para prevenir que ejerzan libremente su profesión.

No fue la única en condenarlas, también Reporteros Sin Fronteras pidió a la dirección de Podemos y a todos los partidos políticos que respeten la libertad de prensa.
Pero no solo se han vertido ataques contra la prensa por parte del Gobierno, Estados Unidos alerta de los «repetidos ataques contra los medios de comunicación por parte del partido Vox».

En concreto, el informe recoge las denuncias de Reporteros Sin Fronteras que acusan a Vox de «provocar ataques verbales y físicos a los reporteros durante las protestas en todo el país de mayo contra las políticas gubernamentales COVID-19».

Para ejemplificar estos ataques, explican como «varias personas agredieron a un fotógrafo que cubría una protesta en Madrid, arrojaron su cámara al suelo y rasgaron su camisa».
Además de durante las protestas, la organización también ha expresado su preocupación por «el acoso en línea de Vox a periodistas críticos y verificadores de hechos», mientras que ha condenado al partido por «prohibir a algunos medios de comunicación asistir a sus conferencias de prensa y eventos electorales», recoge el informe.

El informe también hace referencia a Cataluña, recogiendo la advertencia de la Federación Internacional de Periodistas sobre «el aumento de los casos de violencia contra el ejercicio del periodismo en Cataluña», que se ha convertido en «territorio peligroso» para los periodistas.

Corrupción

La diplomacia estadounidense señala que la corrupción «es un problema en el país», con casos que «cruzan las fronteras partidistas, regionales y municipales» y una acumulación «significativa», a pesar de que «los tribunales han continuado procesándolos independientemente de la presión política».

El informe hace referencia a la acusación formal el 11 de agosto a «miembros clave del partido Podemos» por presunta malversación de fondos públicos y malversación de fondos relacionados con la financiación de las renovaciones de su sede y los contratos de consultoría durante las campañas electorales de 2019.

Tal y como relatan en el documento, la investigación empezó a partir de las alegaciones de irregularidades económicas, incluida la asignación de la renovación de la sede del partido y el pago de recargos a los miembros del partido.

Los ex abogados de Podemos José Manuel Calvente y Mónica Carmena también afirmaron que Podemos estaba vinculado a Neurona Consulting, una supuesta empresa fachada utilizada para desviar dinero a través de contratos realizados durante la campaña de las elecciones generales de abril de 2019 y supuestamente para pagar comisiones al fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, detalla el informe.

Detenidos catalanes

Por último, otro de los aspectos que aborda el informe que ha presentado este martes el secretario de Estado, Antony Blinken, aborda la situación de los detenidos en Cataluña, para recordar que en marzo de 2020 el relator especial de la ONU para las cuestiones de las minorías expresó su preocupación por las restricciones y los cargos penales contra los políticos catalanes y los activistas de la sociedad civil que participaron en el «referéndum» de octubre de 2017.

En este sentido, el relator especial pidió al Gobierno cumplir con «sus obligaciones legales de proteger los Derechos Humanos de las minorías, incluida la catalana, especialmente en lo que respecta a las libertades de expresión, reunión pacífica, asociación, y participación en la vida pública». No obstante, el Defensor del Pueblo rechazó la categorización de la población de Cataluña como minoría.

También el documento rescata las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, que aseguraba que «las prolongadas detenciones y las posteriores condenas» de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, así como de los demás dirigentes políticos catalanes encarcelados, «tenían como objetivo intimidarlos por sus opiniones políticas».

Este mismo de grupo de trabajo de Naciones Unidas recomendó en julio «liberar a siete de los nueve presos independentistas catalanes condenados por sedición».
Por último, la diplomacia estadounidense recuerda que «aunque representantes de varios partidos políticos nacionales catalanes calificaron a los condenados de 'presos políticos'», ni el Gobierno ni ninguna ONG internacional de Derechos Humanos ha apoyado esta afirmación.

El informe también recoge que las condiciones de las prisiones y los centros de detención plantean «preocupaciones sobre los Derechos Humanos», ya que las ONG informaron sobre «hacinamiento extremo en algunos centros de detención temporal de migrantes debido en parte a la pandemia de COVID-19».

Asimismo, destaca que hubo «múltiples informes de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden durante el estado de alarma», mientras que subraya que «la migración irregular en el país aumentó un 26 por ciento durante el año» en comparación con el período anterior.

En total, llegaron a España 37.303 migrantes hasta el 30 de noviembre, con un aumento de las llegadas por mar del 50 por ciento, principalmente debido a «la mayor popularidad de la ruta de África Occidental a las Islas Canarias».