El anuncio que hizo este martes el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que el Gobierno no pretende alargar el estado de alarma más allá del 9 de mayo no ha contentado a comunidades como Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana, Cantabria, Castilla-La Mancha y Castilla y León, que se quejan de no haber sido informadas antes y que lo ven «prematuro».
«Estamos ante un doble salto mortal. Primero, porque no tenemos información de lo que va a ocurrir a partir del 9 de mayo, y en segundo lugar porque tampoco tenemos una alternativa jurídicamente sólida para poder seguir gestionando la pandemia», ha dicho este miércoles el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Para Feijóo, es urgente que el Gobierno convoque una conferencia de presidentes autonómicos para aclararles las dudas que surgen ante esta decisión, que dejaría en manos de los tribunales la última palabra para avalar las restricciones adoptadas por las comunidades.
Quiere saber el presidente gallego «cuál es el manual a partir del 9 de mayo, qué ocurre en ayuntamientos con incidencias elevadas, qué ocurre en ayuntamientos con riesgo alto todavía» y cuál es la «alternativa» al estado de alarma para controlar la pandemia.
En la misma línea, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha considerado la decisión de Sánchez «precipitada, no lo suficientemente madurada y no dialogada con las comunidades autónomas».
Cuando «todo el peso de la pandemia ha recaído y recae sobre las comunidades autónomas», a Moreno le hubiera parecido «sensato y razonable» que el Gobierno las hiciera «copartícipes» de decisiones como esta, con la que se pierde un «instrumento poderoso» en el control de los contagios.
También ve «prematuro» y «muy precoz» el anuncio de Sánchez la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, especialmente cuando no se sabe, ha indicado, la dimensión que puede tener una posible cuarta ola de covid.
Casado, en una entrevista con Radio Nacional, se ha preguntado en qué situación quedan las comunidades tras este anuncio y si van a tener que ser estas administraciones las que tengan que tomar de forma aislada medidas de restricción de movilidad: «¿Con qué paraguas legal?», se ha preguntado.
Mónica Oltra, vicepresidenta del Gobierno valenciano, ha puesto en duda que algunas restricciones se puedan llevar a cabo sin estado de alarma, como el cierre perimetral, que necesita, ha destacado, de una «herramienta jurídica».
Oltra, para quien la decisión de prorrogar el estado de alarma debe tomarse por criterios técnicos y no por otros «secundarios», ha esperado que esta cuestión se consensúe entre todas las comunidades y no sea «unilateral».
La portavoz del gobierno castellanomanchego, Blanca Fernández, también ha mostrado dudas por la incertidumbre que puede crear el hecho de que decaiga el estado de alarma, sobre todo a la hora de limitar derechos fundamentales.
Por su parte, el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, cree que hay que «abrir España» y «convivir» con el virus, pero se ha mostrado sorprendido por el anuncio de Sánchez, ya que a día de hoy no está claro qué pueden hacer o no las comunidades a la hora de establecer restricciones.
Y, como otros responsables regionales, ha lamentado no haber recibido al menos «una llamadita» del Gobierno con el anuncio, «después de haber tenido catorce reuniones (las conferencias de presidentes) de tres horas y hasta de cinco».
La presidenta de Navarra, María Chivite, se ha mostrado menos crítica con el anuncio porque, ha dicho, ni a su gobierno ni al de España les ha «temblado el pulso» a la hora de tomar decisiones para limitar el avance de la pandemia.
En mayo, ha asegurado, plantearía la prórroga del estado de alarma si fuera necesario a la vista de la evolución de la covid. Para Oltra, las comunidades tienen instrumentos para tomar medidas llegado el caso y ha recordado que Navarra tuvo el aval de los tribunales para acordar el cierre perimetral.
Tampoco lo ve con malos ojos la presidenta riojana, Concha Andreu, quien ha abogado por no alargarlo más allá del 9 de mayo «si se dan las circunstancias», como el avance de la vacunación.
Para Andreu, si bien el estado de alarma es un «instrumento útil» que aporta seguridad jurídica, es también «un mecanismo legal excepcional que debe estar reservado para momentos de excepcionalidad».
EL PP OFRECE UN «PLAN B» JURÍDICO
En el debate de la prórroga del estado de alarma, que debe ser avalado por el Congreso, también han entrado este miércoles el PP, Podemos y Ciudadanos.
El primero, en boca de su vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, para criticar que Sánchez haya dicho que no a esta fórmula sin plantear alternativas.
Montesinos ha reiterado su oferta al Gobierno para negociar un «plan b» jurídico que permita limitar el movimiento, una oferta criticada por la líder de Cs, Inés Arrimadas, que cree que una posible ley orgánica permitiría «limitar los derechos de todo el mundo sin ni siquiera tener que pasar por el Congreso».
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido en cambio que las comunidades tienen «mecanismos jurídicos de sobra» para aplicar restricciones más allá del 9 de mayo, y ha recordado que pueden también pedir al Congreso decretar el estado de alarma en sus territorios.
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El estado de alarma se va a prorrogar. Esto de decir que no, es simple propaganda electoral de cara a las elecciones de Madrid