Vista general del hemiciclo. | Efe

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El Congreso ha aprobado una moción que pide al Gobierno presentar este año una propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica y que mientras se negocie se garanticen los recursos a las comunidades autónomas priorizando el criterio poblacional.

El Pleno del Congreso ha dado luz verde a la moción presentada por Compromís -que finalmente ha sido transaccionada con el PSOE y con Unidas Podemos- para impulsar la reforma de la financiación autonómica que lleva siete años paralizada.

La iniciativa especifica que mientras esta reforma no se produzca, se continuará garantizando a la Generalitat Valenciana la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado.

Compromís puntualiza que, en este caso, cualquier nueva transferencia del gobierno central a las comunidades autónomas tendrá como criterio prioritario el peso poblacional del territorio, como ya ocurrió tras la rectificación en los criterios de reparto del fondo COVID de 16.000 millones.

El texto de la iniciativa, aprobada por 193 votos a favor, 53 en contra (Vox) y 89 abstenciones (PP), señala que el nuevo sistema de financiación debe garantizar la equidad y la suficiencia financiera para todas las comunidades autónomas. También los principios de autonomía, coordinación, solidaridad y corresponsabilidad, así como la prestación de los servicios públicos esenciales.

«De manera que todos los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de donde vivan, accedan en igualdad de condiciones a dichos servicios», puntualiza al tiempo que insta a que las comunidades autónomas sean responsables fiscalmente y a que se simplifique el proceso de asignación y reparto de los fondos públicos y se haga con transparencia.

Asimismo insta a garantizar que la financiación autonómica se ejecute con parámetros objetivos, con la adecuada diligencia, y permitiendo que las comunidades autónomas atiendan, en el marco de su autonomía política y financiera, el cumplimiento de sus competencias, especialmente las referentes a los servicios públicos fundamentales.

La moción aprobada también urge al Gobierno a analizar posibles medidas a adoptar para aliviar el elevado nivel de endeudamiento de algunas comunidades.