Así lo ha confirmado en la mañana de este sábado el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, en declaraciones a los medios en un acto celebrado en Santiago, donde ha manifestado que la intención de la Xunta es hacer valer la condición de Bien de Interés Cultural (BIC) de ambos bienes (plena en el caso de las estatuas y en fase de tramitación en el de la biblioteca) para evitar que salgan de Galicia.
El titular de Cultura ha puesto el acento en que se trata de un asunto «de gran relevancia jurídica» que debe ser abordado «con solvencia» pues supone una cuestión que escapa de «planteamientos políticos» y alcanza el ámbito de la justicia.
De este modo, tras confirmar la solicitud efectuada por los herederos del dictador tras la sentencia que les permite retirar los bienes muebles que hay en el interior del pazo, el conselleiro ha manifestado que la intención de la Xunta es «intentar preservar para el patrimonio cultural de Galicia estos bienes» porque ese es «el sentir mayoritario de los gallegos».
Para ello, la vía elegida es hacer prevaler la condición de BIC de ambos elementos. En el caso de las estatuas del Mestre Mateo, están declaradas BIC desde el año 2019, mientras que la biblioteca de la escritora está incoado el expediente y, por tanto, la Xunta entiende que es «a todos los efectos» un bien protegido.
Patrimonio tiene ahora un plazo de tres meses para responder a la petición de los Franco. Durante ese tiempo, la Administración autonómica abrirá una ronda de contactos con «las instituciones culturales más singulares del país» para recabar informes sobre los que «asentar con solvencia una solución específica» que permita que estos bienes se mantengan entre el patrimonio gallego.
En concreto, la Real Academia Galega, el Consello da Cultura y la Academia de Belas Artes son las entidades a las que recurre la Xunta, que también recabará la opinión de «catedráticos de prestigio» para elaborar su estrategia legal dentro del ámbito de sus competencias.
Resto de bienes
Respecto al resto de bienes que hay en Meirás, sobre los que los herederos de Franco tienen un plazo de un mes para retirar del complejo de Sada (A Coruña); el conselleiro ha dicho que los servicios jurídicos de la Xunta han concluido que corresponde al Estado «reclamar o iniciar una declaración BIC» para su protección.
«Son bienes escritos al patrimonio del Estado. Tiene que ser el propio Estado, en base a los artículos 6 y 9 de la Ley de Patrimonio Histórico de España», ha comentado el conselleiro, que ha ofrecido la colaboración de la Administración autonómica.
«Pero quien tiene que incoar ese expediente BIC es el Estado», ha añadido antes de emplazar a «hacer las cosas bien» en el plano jurídico para evitar «pasos atrás».
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En realidad el Pazo de Meirás es una pata caliente y, por su situación alejada, será difícil encontrarle un uso público. Algo parecido sucede con la Fundación Cela en Iria Flavia.