La presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS), Cinta Pascual, ha pedido que el Gobierno sea «valiente» y establezca mediante una ley la obligatoriedad de vacunarse contra la COVID-19 al personal de atención a personas vulnerables, como el de las residencias de personas mayores, y del sistema sanitario.
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Pascual ha recordado que otros países europeos ya han establecido normativa en esta línea y ha subrayado que «no nos pueden a nosotros dejar para que les digamos al personal si se vacuna o qué, porque no nos cubre la ley».
La presidenta de la patronal de residencias ha explicado que el 95% de los profesionales del sector se ha vacunado, un dato que evidencia que «abogar por la responsabilidad ha funcionado», pero ha advertido de que hay «un 5% que no quiere por diversos motivos» y las personas no vacunadas son «un riesgo» en las residencias.
Pascual ha incidido en que los profesionales de estos centros atienden a personas vulnerables y no pueden «distanciarse de ellos para poderles atender» porque «no hay otra manera de hacer el trabajo».
Por ello, ha pedido al Gobierno central, «que es quien tiene la competencia» en esta materia, que «sea valiente y no espere a ser los últimos de la cadena».
La responsable del Círculo Empresarial ha planteado que es una cuestión de «ética, moral», dado que, cuando se producen contagios en las residencias, pueden dejarse «vidas por el camino» porque se está «perdiendo una parte de la inmunidad».
«Tienes que ser consciente de dónde estás trabajando y, si no te quieres vacunar, hay muchas profesiones que las puedes hacer sin vacunar», ha considerado.
Por otro lado, ha admitido que el sector no esperaba que les afectara «tanto» esta última ola de la pandemia y ha recordado su petición de «estudios de inmunidad» para determinar la necesidad o no de una tercera dosis de vacuna.
Según ha indicado, estar «sufriendo otra vez» para que no haya contagios en los centros y que no acaben en derivaciones hospitalarias y defunciones evidencia que «alguna cosa está fallando». «Hace falta un estudio», ha concluido.
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Resulta que según la Declaración Universal de Derechos Humanos toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración sin distinción de raza, color, sexo, religión, idioma, opinión política, posición económica, origen nacional o social, nacimiento o cualquier otra condición y ahora nos vienen con estas. Vamos hombre ya !!! Sería retroceder al menos cien años atrás con lo que costó a nuestros padres y abuelos conseguirlo por y para nosotros. Cuánta ansia de dictadura se percibe de todos los que anhelan esta ocurrencia !!!