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Algunas comunidades autónomas insistirán este miércoles al Ministerio de Educación en que aporte más fondos para afrontar los costes derivados de la covid-19 y aligerar medidas como el uso de la mascarilla, durante la reunión sectorial convocada ante el próximo curso, según las consejerías consultadas.

El encuentro es la segunda sectorial que presidirá la ministra de Educación, Pilar Alegría, desde que relevó a Isabel Celaá , y acudirán de forma presencial todos los consejeros de Educación, salvo el de Castilla-La Mancha. El objetivo es ajustar el protocolo anti-COVID-19 que acordaron en mayo junto a Sanidad y que plantea escenarios en función del nivel de alerta en cada región.

Algunas de las consejerías de Educación piden más inversiones del Gobierno para afrontar el nuevo año académico y, cuando la situación lo permita, relajar las medidas. El ministerio ha reiterado que las comunidades autónomas han recibido fondos para afrontar la covid-19, pero que no todos tienen carácter finalista, es decir, ellas deciden si usarlos para contratar docentes o gastarlos en otros servicios esenciales.

En julio, el Gobierno repartió 989 millones de euros para la modernización y digitalización del sistema educativo en el curso 2021-2022 (del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) y en agosto aprobó 13.400 millones para amortiguar los efectos de la pandemia, unas cuantías a las que se sumarán unos 1.800 millones con cargo a los fondos REACT-EU.

Las comunidades recibirán el 70 % de la primera partida en septiembre y el resto en noviembre, según Educación. Este miércoles, Galicia insistirá en la necesidad de que el ministerio aporte más fondos a las autonomías para afrontar los sobrecostes de la pandemia, han explicado a EFE fuentes de la Consejería de Educación. Añaden que varios gobiernos regionales ya han señalado que «los fondos europeos previstos no se pueden dedicar a contratar docentes, pues su propio funcionamiento lo impide».

Igualmente, Andalucía solicitará disponer de fondos, como el curso pasado, para aplicar las medidas extraordinarias durante el curso, en concreto para contratar profesores, que en Andalucía serán 5.300 con fondos propios, pero también para el refuerzo de limpieza de los centros, un gasto que el Gobierno andaluz comparte con los ayuntamientos.

Además, la Junta reitera la necesidad de flexibilizar el destino de los fondos europeos MRR para adaptarlos a la realidad de cada región. Igual que el resto de las autonomías, Cataluña plantea la presencialidad como elemento imprescindible dentro de su modelo de «escuela abierta y segura», en donde ya no será necesario tomar la temperatura a la entrada.

En cuanto al uso de la mascarilla, el Govern «plantea la posibilidad de cambios en función de la inmunidad conseguida con la vacunación, el contexto epidemiológico y la normativa vigente», que puede variar su uso de cara al próximo curso. En el mismo sentido, el consejero madrileño de Educación, Enrique Ossorio , ha dicho que «en función de las circunstancias, el Gobierno regional valorará si las medidas pueden aligerarse».

El Gobierno Vasco está ultimando la revisión del protocolo covid que se enviará a finales de agosto a los centros aunque, debido a la situación pandémica, lo más probable es que no haya grandes variaciones con respecto a las medidas vigentes en el anterior año. Según fuentes del Departamento de Educación, la alta incidencia de la covid en Euskadi, con una tasa acumulada en 14 días por 100.000 habitantes de 434 casos (a fecha de 22 de agosto), y el bajo porcentaje de niños de 12 a 15 años vacunados (8,8 % con la pauta completa y 44,7 % con una dosis), apunta a que la vuelta a las aulas será prácticamente en las mismas condiciones del curso pasado.

En Aragón se lanzó en junio una orden con la organización para este próximo curso y se está a la espera de ver qué se aborda en la Sectorial para realizar concreciones posteriores, según fuentes del Gobierno autonómico, mientras que el Ejecutivo asturiano ha explicado que actualizará las novedades con respecto a la sectorial de julio después de que se autorizase un gasto extraordinario de 11,3 millones para contratar a 392 profesores interinos adicionales.

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