La Fiscalía interpuso 27 denuncias en 2020 vinculadas a la gestión de las residencias de mayores

Así se refleja en la Memoria de la Fiscalía General del Estado (FGE) que ha presentado este lunes la fiscal general Dolores Delgado en el marco del acto de la apertura del año judicial, celebrado en el Tribunal Supremo con la presencia del rey Felipe VI y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.

El Ministerio Público precisa en su dossier que Delgado, en coordinación con el Fiscal de Sala de lo Civil, «fue consciente desde el primer momento de la necesidad de dedicar una especial atención al seguimiento de las residencias de mayores». Según consta en la Memoria, la primera orden se dio el 18 de marzo de 2020, cuando se informó a todos los fiscales superiores de que debían remitir «de forma periódica y centralizada» toda la información disponible relativa a centros geriátricos y sociosanitarios.

Posteriormente se emitieron dos decretos: uno de 23 de marzo, por el que se incoaron diligencias de investigación «a fin de determinar la relevancia de los hechos, comisionando al Fiscal de Sala para recabar la información precisa"; y uno de 31 de marzo, por el que se constató la incoación de diligencias de investigación en diversas fiscalías provinciales y se archivaron las abiertas en la Fiscalía del Tribunal Supremo, «manteniéndose con las fiscalías territoriales investigadoras el cauce de comunicación de la dación de cuenta».

Según explica la FGE, durante 2020 los fiscales de Sala asumieron, a través de la emisión de oficios, informes y notas internas, la función de «colaborar en la unificación de criterios mediante las redes de fiscales delegados de las fiscalías provinciales».

En el marco de las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, desde el 17 de abril la Fiscalía General fue «informando puntualmente y con carácter semanal a la sociedad en relación con el alcance y estado de la actividad, tanto de las diligencias civiles de protección como de las diligencias de investigación penal existentes en las fiscalías provinciales» relativas a la gestión de las residencias de mayores.

La Memoria de la FGE subraya que la actividad del departamento durante la crisis sanitaria ha sido «muy intensa» y ha intentado «garantizar la continuidad en la prestación de servicio público de la Justicia», así como la «salud y seguridad de los miembros del Ministerio Fiscal».

Delgado defiende que «la respuesta no sólo fue temprana, sino también pionera» y recuerda que el 9 de marzo se constituyó el comité de prevención del coronavirus «con la finalidad de evaluar la situación».

«Por Decreto de 10 de marzo, tras consultar con las instituciones sanitarias y el resto de operadores jurídicos implicados, la Fiscal General adoptó las primeras medidas extraordinarias y urgentes para enfrentar la situación de pandemia», señala el Ministerio Público en la Memoria, donde destaca que desde entonces y hasta el 3 de junio la FGE dictó 11 Decretos mediante los que fijó los servicios esenciales y el personal mínimo para su atención, acordó la fecha de alzamiento de los plazos procesales y ordenó la reincorporación de los fiscales a la «nueva normalidad».

En dicho periodo el departamento dirigido por Delgado también presentó al Ministerio de Justicia el Plan de desescalada de la Fiscalía, en el que incluía 60 medidas para «agilizar, flexibilizar y modernizar» la Justicia.