Granados se desentiende de la caja B del PP y acusa a Aguirre: «No soy el artista principal»

Granados afirma que el delito electoral que se le imputa por los comicios de 2011 está prescrito, al igual que los relativos a los de 2007 y 2008, dos votaciones respecto a las cuales el instructor ya apreció que la eventual responsabilidad penal se había extinguido por el tiempo transcurrido (más de tres años). Conforme al razonamiento de la defensa, los plazos empezaron a correr en septiembre de 2011 y no se le informó de estos cargos hasta diciembre de 2016. La defensa combate igualmente el procesamiento de Granados por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho al estimar que se trata de «una imputación genérica». «Todo ello con independencia de mantener, en todo momento, la inocencia de mi representado quien ha actuado siempre acorde a derecho, conforme no podía ser de otra forma y manera, en relación al cargo que ostentaba en dicho periodo meramente testimonial y político», afirma su abogado en el escrito. Sostiene que, como director de campaña, estaba «al margen de cualquier gestión económica o posibilidad de mediar en estos aspectos con proveedores, donantes, y terceros que pudiesen ostentar posición alguna en el PP o en la campaña referida», lo que --alega-- «imposibilita la comisión de cualquier ilícito».

En este sentido, señala que el juez confunde las funciones del director de campaña con las del administrador electoral, en ese entonces Beltrán Gutiérrez --otro de los ocho procesados--, «que es el que efectivamente gestiona todo lo que pudiera tener relación con aspectos económicos en pagos, contratos, etc». "Incluso el director de campaña está imposibilitado para desacreditar, controlar y contradecir al administrador electoral, siendo los órganos ordinarios del partido única y exclusivamente los que pueden tutelar la función del señor Beltrán como nombrado administrador", detalla.

En este contexto, el letrado ve una «contradicción» en el hecho de que el juez archive para «la mayoría de investigados, inclusive los que por rango en el partido y en las propias elecciones están en plano muy superior a mi defendido, en base al cargo que ostentaban, y que son los que realmente y por esas mismas circunstancias podían haber gestionado o conocido por entrar dentro de sus facultades». En este punto, recuerda que el secretario general del PP de Madrid en noviembre de 2011 era González, «que además salió electo como 'número uno' de la lista en esa campaña y presidente, a la vez, del comité electoral, además de vicepresidente del Gobierno y persona que controlaba por su interés en dicha campaña todos los actos derivados de la misma, en unión a la presidenta del partido», Aguirre. Por ello, enfatiza, les parece «un contrasentido» procesar a «alguien que funcionalmente y por organigrama carece de potestad y competencia para gestionar la tesis de acusación, máxime cuando los mencionados son los que tienen dicha competencia y realizan dichas funciones, en unión al administrador electoral referido, el señor Beltrán». Llama la atención también sobre el hecho de que Aguirre y González eran «los dos máximos interesados en ganar esos comicios», por ser la presidenta y vicepresidente. «Y da la casualidad de que son los beneficiados sobreseídos como personas de rango superior», remacha.

Añade asimismo que «es un hecho no controvertido, objetivo y notorio» que Granados "fue cesado en todos los cargos que ostentaba dentro del partido y en el Consejo de Gobierno y Comunidad precisamente ese año y con posterioridad a esas elecciones« de 2011. A su juicio, eso demuestra que Granados »ya no era persona de confianza« pero que »lo mantuvieron como director de campaña para evitar malos pensamientos de terceros que pudieran suponer perdidas de votos o perdida de elecciones«. »La función que como director de campaña le conservaron lo fue testimonial, decorativa o meramente de pantalla para evitar antes de las elecciones rumores, dimes y diretes o especulaciones políticas que pudieran utilizarse por el partido de la oposición, y que se respiraban en el ambiente político y mediático del Gobierno", indica. "Qué participación seria y en el ejercicio de la gestión y todo lo que significa podría atribuirse al señor Granados cuando por parte de sus superiores ya sabían que estaba defenestrado y decapitado, por parte de la presidenta Esperanza Aguirre y del vicepresidente Nacho González", recalca.

Para Granados, «el único indicio» de que habría intervenido en «cuestiones económicas» en la campaña electoral de 2011 «son ciertas anotaciones» en su libreta, pero apostilla que esos mismos apuntes no se han utilizado contra otros investigados en su momento que finalmente han sido exonerados, entre los que menciona al empresario Javier López Madrid. «Es más, con respecto a las anotaciones en esta agenda se dio cumplida respuesta de que nada tenían que ver con la pretendida financiación, fondos económicos o de colaboración en relación al partido y que, además, respondían a actuaciones de carácter político que tenía en los mítines», aduce, para completar: «¿Por tanto, qué indicio hay de que se tratara de donaciones, que se refirieran a cantidades de dinero, donantes, en qué fechas? Ya lo adelantamos nosotros, ninguno».

Con todo, afea a García Castellón que usa «un mismo criterio de forma contradictoria» que le lleva a archivar la causa para Aguirre, González o la ex consejera madrileña Lucía Figar mientras que a él le empuja hacia el juicio. «¿Por qué el argumento utilizado para la señora Aguirre o el señor González de desconocimiento a cómo se contrataron y pagaron esos trabajos no es válido para el señor Granados?», cuestiona, en alusión a los trabajos de reputación 'online'. La defensa de Granados desliza que su procesamiento se debe solamente a que se le ha perfilado como "el artista principal desde el año 2014 en lo que se ha denominado la trama 'Púnica' en todas sus piezas testimoniadas, que bien se podían proyectar en una secuencia prolongada de distintos capítulos o sesiones por como empieza, se desarrolla o pudieran terminar".

Al hilo, aprovecha para reprochar que "Granados cumplió preventivamente casi tres años de prisión por un desfalco económico que el Ministerio Fiscal llegó a mantener hasta la saciedad y sin prueba alguna ni más ni menos en 700 millones de euros, para que luego escasamente hace un año modificase esta cantidad a cinco millones de euros en el patrimonio del investigado en el que se incluye incluso su parte hereditaria«. El abogado se refiere al conjunto de 'Púnica' --una macrocausa formada por una docena de piezas separadas-- como un »totum revolutum« donde se han imputado a Granados »todos y cada uno de los posibles hechos delictivos contenidos en nuestro Código Penal".