Ninguno de los escándalos financieros de los últimos cincuenta años -Filesa, las cuentas en el extranjero de la familia Botín, Gescartera, Fórum Filatélico, Gowex, Rumasa, Ibercorp o KIO- se han vivido como el de Bankia, en el que parecía que todos y cada uno de los ciudadanos españoles hubieran sido personalmente estafados por la salida a Bolsa.
Tras la denuncia presentada por UPyD en la Audiencia Nacional en mayo de 2012, pocos días después de la nacionalización, comenzaba una instrucción que se prolongaría durante cerca de cinco años, hasta que el juez Fernando Andreu acordó procesar al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, y a una treintena de personas físicas y jurídicas.
Entre los testigos que pasaron por la sede de la Audiencia Nacional figuran la presidenta del Banco Central Europeo (FMI) y sucesora, varios años después, de Rato al frente del FMI, Christine Lagarde; el exministro de Economía Luis de Guindos -aunque no acudieron personalmente-, además de los responsables de las principales autoridades económicas del país, como el que fuera gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. También, su sucesor al frente del organismo, Luis María Linde; el ex director general del FROB Antonio Carrascosa; la expresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Elvira Rodríguez, así como su predecesor en el cargo, Julio Segura.
El juicio comenzó el 26 de noviembre de 2018 y se prolongó hasta el 1 de octubre de 2019 contra 34 acusados, 31 de ellos personas físicas y tres personas jurídicas -Bankia, BFA y la auditora Deloitte. Se celebraron 74 sesiones, interrumpidas entre el 9 de enero y el 4 de febrero, día en el que terminó la declaración de Rato, y se volvió a suspender por enfermedad de la fiscal Carmen Launa, que se reincorporó el 25 de febrero. Declararon 57 testigos y un veintena de peritos, y los interrogatorios dejaron momentos memorables, como cuando Luis de Guindos admitió que «tanto la constitución de Bankia como la salida a Bolsa fueron un error», o cuando Fernández Ordóñez reveló que de la dimisión de Rato se enteró por la prensa, «era un lunes y yo el viernes estaba al habla con la entidad, y la idea era seguir hablando».
También hubo lugar para las anécdotas, como el desprendimiento de retina que sufrió la fiscal, Carmen Launa, fruto de la tensión, o la forma en la que la presidenta de la sala, Ángela Murillo, se dirigió al presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri: «¿Es usted José Antonio Goirijaljurri?», a lo que este respondió «Sí, exactamente».
Ocho años después del inicio del caso, el 29 de octubre de 2020, llegó la sentencia que ha ratificado ahora el Tribunal Supremo, tras desestimar los recursos presentados por AEMEC (Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Sociedades Cotizadas) y por Bochner España, que acordó que la salida a Bolsa fue legal y contó con el beneplácito de los organismos supervisores, lo que legitimaba la operación. Para Rodrigo Rato la absolución le supuso acceder al tercer grado y abría la puerta a su puesta en libertad, ya que desde octubre de 2018 cumplía una pena de cuatro años y medio por el uso de las tarjetas «black» de Caja Madrid.
2 comentarios
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!!ES QUE LOS MAGISTRADOS TIENE TANTO TRABAJOOOOO!!! QUE DIEZ AÑOS DESPUES SUELTAN EL ERUPTO!!!
Y que esperamos si los jueces ponen en libertad a los choricillos, que no van hacer con éstos.