La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado durante el debate que se trata de una ley «pionera», que va a permitir «poner a España a la vanguardia en el impulso de este ecosistema» y que muestra «para qué sirve el debate real». La diputada socialista Begoña Nasarre ha destacado el «buen clima de trabajo» que ha permitido «incorporar muchas enmiendas conscientes de la importancia de una ley pionera», mientras que la diputada de Unidas Podemos Lucía Muñoz ha celebrado «la participación de la sociedad civil y los grupos parlamentarios» en su desarrollo.
También el diputado del PP ha mostrado su apoyo a la ley, pese a considerarla «tímida en beneficios fiscales para las startups», mientras que el diputado de Vox Rodrigo Jiménez ha criticado el veto a las enmiendas de su partido por parte del Gobierno y la «mal llamada brecha de género» presente en el texto. Desde ERC, el diputado Joan Capdevilla ha reconocido que es «una ley negociada y extensamente transaccionada», aunque votarán «en blanco» a la espera de que la segunda lectura del Senado se incorporen sus enmiendas. «No es una ley perfecta, deja algunos flecos pendientes y peca de cierto conformismo, pero es una buena ley», ha asegurado la diputada de Ciudadanos María Muñoz, mientras que, desde BNG, Néstor Rego ha criticado «la visión centralizadora» y el diputado del PDeCAT Ferran Bel ha destacado que el texto que se va a aprobar «es mejor que el que entró».
Durante su tramitación parlamentaria se han incorporado más de 80 enmiendas al proyecto, que el Gobierno aprobó en diciembre de 2021, con novedades como que las cooperativas se puedan acoger al régimen de empresas emergentes o el silencio administrativo positivo en el reconocimiento por parte de Enisa. La ley introduce la simplificación administrativa y una serie de incentivos fiscales para las empresas emergentes, como una rebaja del impuesto de sociedades hasta el 15 % durante los cuatro primeros años; la posibilidad de aplazar la deuda tributaria o la eliminación de la obligación de pagos fraccionados. Asimismo, establece deducciones fiscales del 50 % para las inversiones anuales de hasta 100.000 euros; una exención fiscal para las opciones de compra de acciones («stock options») de hasta 50.000 euros; y se favorece la creación de sandboxes, entre otras medidas.
A las empresas emergentes se las define como compañías de nueva creación, de no más de cinco años de antigüedad, siete en caso de algunos sectores estratégicos; con sede social en España, que no hayan facturado más de 10 millones de euros y que desarrollen un proyecto de emprendimiento innovador que cuente con un modelo de negocio escalable, entre otros requisitos. Además, la norma también incluye una disposición adicional para crear la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial y ampliar la modificación de la Ley de Auditoría de Cuentas. Tras la votación en el Congreso, el proyecto se remitirá al Senado y el Gobierno prevé que la nueva norma entre en vigor antes de final de año.
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