El ministro del Interior,Fernando Grande-Marlaska, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno este miércoles en el Congreso. Marlaska, comparece por segunda vez en el pleno para dar explicaciones sobre la tragedia ocurrida el pasado 24 de junio en la valla de Melilla en la que murieron al menos 23 personas. | Efe

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha aprovechado su segunda comparecencia ante el Pleno del Congreso para informar de la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio para reiterar que no hubo muertos en el lado español de la frontera y para negar desatención sanitaria a los heridos. Además, ha reclamado una rectificación a quienes piden su dimisión guiados por «falsedades e indignidades».

En su intervención, ha arremetido principalmente contra el PP, que ha exigido su dimisión tras la nueva investigación de Lighthouse Reports, y también de forma indirecta contra el resto de grupos, entre ellos los socios del Gobierno, por vincular lo ocurrido el 24-J no con un «ataque violento intolerable» a la frontera sino con la imposibilidad de solicitar asilo por parte de los subsaharianos. En su opinión, vincular lo ocurrido el 24-J con las carencias en el sistema de asilo desde embajadas y puestos fronterizos, como este miércoles ha reiterado el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago, lo que hace es «poner en riesgo» a los migrantes y a los policías que protegen dichas fronteras.

«España es un país de acogida para cualquier solicitante de asilo que llame a sus puertas pero no puede permitir que nadie intente derribarlas a patadas», ha comentado. Tras aumentar las críticas de los grupos políticos contra su gestión del pasado 24-J, Grande-Marlaska ha insistido en que las muertes se registraron en Nador (Marruecos) y ha defendido la «proporcionalidad» de la Guardia Civil, desligando su operativo de los al menos 23 fallecidos -unos 70 según las ONG-.

También ha defendido que se activó el sistema de alerta temprana de la Guardia Civil previo aviso a las cinco de la mañana de Marruecos y que el Ministerio, desde el 24-J, ha actuado con «transparencia» al propiciar un viaje de los portavoces de Interior a Melilla o visionando los vídeos en el Congreso.

Grande-Marlaska ha defendido que los rechazos en frontera desde España con ayuda de gendarmes marroquíes -470 según el Defensor del Pueblo- se llevaron a cabo respetando la ley y tras «constatar que no había personas vulnerables». Además, ha aludido a que 134 personas del grupo de 1.700 pasaron al centro temporal, solicitando protección internacional. Frente a las críticas por los cuerpos inertes junto al perímetro fronterizo, el ministro del Interior ha recordado que los migrantes rompieron las puertas fronterizas usando una radial, y que usaron palos y lanzaron piedras para «hostigar» a los agentes, lo que se saldó con 55 guardias civiles heridos.

Pese a esto, ha señalado que sí hubo asistencia sanitaria desde el lado español, ya que once subsaharianos fueron atendidos en el hospital comarcal de Melilla, presentando lesiones como traumatismo ocular, fractura maxilofacial o contusiones en pies, rodillas o piernas. La comparecencia del ministro no ha sido seguida desde el Pleno por ningún otro compañero del Gobierno.

«No hay otros hechos, por mucho que moleste a quienes, desde su sesgo y su verdad preconcebida, querrían otra verdad, que quieren construir pero que no existe», ha mantenido Grande-Marlaska, quien también ha lamentado que se «retuerzan argumentos catastrales» sobre la delimitación entre España y Marruecos. El titular del Interior ha sostenido que los límites fronterizos están bien definidos «desde hace más de 30 años», remitiéndose a la actuación de facto de los Gobiernos de España y Marruecos -en su intervención de septiembre aludió a la zona de nadie o zona compartida, un termino muy cuestionado por los grupos-.

En este sentido, ha aludido al Derecho Internacional o a sentencias de la Audiencia Nacional. En su comparecencia, Grande-Marlaska ha mencionado expresamente la comparecencia de ayer del dirigente del PP Esteban González Pons, a raíz de las revelaciones de Lighthouse Reports, al interpretar el ministro que propició futuras demandas judiciales contra los guardias civiles a los, ha dicho, ofrecerán asistencia desde el Ministerio llegado el caso. «Es una actuación de la que asumo todo la responsabilidad. Yo di la orden de proteger nuestra frontera, y la volvería a dar», ha dicho, reclamando al PP una rectificación por sus «falsedades e indignidades». Según el ministro, este partido ha «sembrado dudas» contra la Guardia Civil y también ha señalado a mandos policiales de «negligencia», algo que ha calificado de «indigno en un partido que se dice de Gobierno».

En este sentido, ha negado que la Guardia Civil carezca de agentes sobre el terreno -ha cifrado en 120 los movilizados el 24-J- y de los medios necesarios de defensa, detallando la dotación de material antidisturbio o que están a punto de «culminar la modernización del vallado» tras eliminar las concertinas. El ministro ha reprochado a los grupos políticos que difundan las «conjeturas» de algunas investigaciones periodísticas, en alusión a la BBC y Lighthouse Reports, lo que ha tildado de «grave irresponsabilidad».