«Pero su incumplimiento aún hoy continúa, a pesar del criterio reiterado del Defensor del Pueblo de que esta situación sea revertida», lamenta. Durante 2022, la Subdirección General de Recursos Humanos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha indicado al Defensor del Pueblo la «gran dificultad» existente para cubrir las plazas de personal funcionario de los servicios sanitarios previstas en las relaciones de puestos de trabajo de los establecimientos penitenciarios.
«A pesar de que anualmente se ofertan plazas para su cobertura a través de los diversos procedimientos establecidos, ocurre con frecuencia que esas plazas quedan desiertas debido a la falta de demanda, reflejada tanto en la participación en el proceso selectivo, como en la conclusión de todas sus fases», se recoge en el Informe Anual del Defensor del Pueblo 2022. «Los datos evidencian que la falta de personal sanitario es una constante en la Administración penitenciaria», añade.
En este sentido, se cita el ejemplo del Centro Penitenciario Alicante II-Villena. El Defensor del Pueblo ha sugerido a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que se adopten las medidas oportunas para que dicho centro cuente con un número adecuado de facultativos que alcance a completar la relación de puestos de trabajo prevista para ese establecimiento.
Se ha aceptado la sugerencia, no obstante, se indica que no puede materializarse por la falta de personal que se viene padeciendo, y que se tratará de mitigar a través de los procesos selectivos que se encuentran en tramitación.
Ante la situación de la sanidad penitenciaria, durante 2022, se ha tenido conocimiento de la implantación, por parte de la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria, de un Proyecto Piloto de Guardias Telemáticas de apoyo con profesionales penitenciarios, cuya finalidad es la de garantizar la cobertura en la prestación de los servicios médicos. Para dar cumplimiento a este objetivo, se llevan a cabo guardias que prestan los profesionales sanitarios que, perteneciendo a la plantilla de personal funcionario penitenciario, intervienen en otro centro penitenciario -distinto a aquel en el que desempeñan sus funciones habituales- a través de videoconsultas, en las que siempre deben estar presentes el paciente y un profesional de enfermería del centro en el que dicho paciente se encuentra, accediendo a su historia clínica.
Se informa de que estas guardias se realizan de manera voluntaria por aquellos profesionales que lo deseen, y en los días libres de actividad laboral de su establecimiento de origen. Este proyecto comenzó a implementarse a mediados del mes de noviembre de 2021. Los datos facilitados por la Administración penitenciaria indican que se realizaron 560 intervenciones entre los meses de enero a julio de 2022, habiéndose adscrito únicamente un total de 12 profesionales médicos. Esta iniciativa puede ser considerada como positiva por los beneficios que conlleva para las personas privadas de libertad, «pero no parece que dé solución al problema estructural de la falta de personal facultativo, el cual, además, debe asumir otras tareas derivadas de las guardias telemáticas que recoge este proyecto», plantea el Defensor del Pueblo en su informe.
Por otro lado, se está experimentando un aumento en la preocupación por la salud mental en prisión, tanto a nivel social como a nivel institucional, tras haberse observado en los últimos años la relevancia de que exista un sistema que facilite una respuesta adecuada e íntegra a los problemas relacionados con ella. Así las cosas, el Defensor del Pueblo advierte de que, si el sistema de salud a nivel nacional sigue sin poder dar respuesta a los problemas derivados de las enfermedades o trastornos mentales en el ámbito penitenciario, hay prisiones que, a pesar de los esfuerzos, «siguen sin disponer de los medios materiales y humanos adecuados para el tratamiento de las personas con enfermedad mental».
Según el documento, «la escasez de profesionales especialistas en Psiquiatría y de facultativos médicos en las cárceles, el suministro de tratamientos farmacológicos sin tratamiento terapéutico, la indiscriminada aplicación del régimen disciplinario sobre estas personas o su consideración como personas inadaptadas y con comportamientos disfuncionales, son algunos de los factores que impiden el adecuado abordaje de las necesidades de este colectivo».
El Programa de Atención Integral a la Enfermedad Mental (PAIEM) es aplicado en todos los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, aunque, según el Defensor del Pueblo, sería necesario revisar el contenido y la implementación que se hace de él, y evaluar si, efectivamente, se están obteniendo los resultados esperados o podría mejorarse la atención y el tratamiento de las personas con enfermedad mental. Para el Defensor del Pueblo, garantizar la salud de las personas privadas de libertad «debe erigirse en deber fundamental de la Administración penitenciaria, que tiene que perseguir como objetivo el velar por la vida y la integridad física y moral de aquellas».
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Si la mayoría de los sanitarios son mujeres, deberían ser ellas las que cogieran estas plazas.