Según ha informado Comisiones Obreras, el personal de Justicia que celebraba asambleas en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid y en las ciudades de la Justicia de Barcelona y Murcia ha decidido permanecer allí «de forma continuada e indefinida como una nueva medida de presión en el conflicto que se alarga ya más de dos meses por la irresponsabilidad del Ministerio de Justicia y del Gobierno».
Fuentes sindicales han explicado a EFE que se están uniendo a esta iniciativa funcionarios que estaban reunidos en Cartagena (Murcia) y en sedes de Navarra. Los sindicatos CCOO, CSIF, STAJ y UGT habían convocado asambleas por toda España para informar sobre las nuevas medidas de presión acordadas por el comité de huelga, como manifestaciones en Madrid, con trabajadores de toda España, programadas para el 27 de junio y 13 julio; manifestaciones en las capitales de provincia el 29 de junio, o los contactos con los partidos políticos para que se pronuncien y asuman las reivindicaciones si llegan al gobierno.
Proponían asimismo la ejecución estricta de las funciones que la ley atribuye a cada cuerpo funcionarial, exigiendo la presencia de jueces y letrados de la administración de Justicia (LAJ) en las actuaciones que determina la ley. Los sindicatos recuerdan en un comunicado que, tras 65 días de movilizaciones, solo se han producido tres reuniones, «en una actitud incomprensible, irresponsable e ilegal del Ministerio de Justicia, amparada por el de Hacienda y el Presidente del Gobierno que están demostrando que no les importa ni la prestación de este Servicio Público ni las condiciones laborales del personal que lo atiende».
Estos funcionarios ya estuvieron encerrados tres días, del 6 al 9 de junio, en el Ministerio de Justicia para forzar una negociación.
Ese encierro se debió, según explicaron, a la falta de voluntad por parte del Ministerio, ya que el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, abandonó la mesa de negociación. El pasado 13 de junio la mayoría de los funcionarios en huelga apoyó en asambleas en todo el país continuar el paro indefinido que mantienen desde abril, a pesar de haberse convocado elecciones generales, para exigir mejoras salariales y laborales, como consiguieron los LAJ, los jueces y los fiscales.
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