La Fiscalía pide al Supremo que reactive la euroorden contra el exconseller LLuís Puig

El 12 de enero, el magistrado Pablo Llarena dejó sin efecto estas órdenes de detención -no así la nacional- tras revisar el procesamiento de Puig en virtud de la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación, mientras quedaba a la espera de lo que Europa iba dictar en relación a las euroordenes. El 31 de enero, el Tribunal de Justicia de la UE resolvió la cuestión prejudicial planteada por Llarena y avisó a Bélgica de que ningún país de la Unión Europea puede cuestionar la competencia del Tribunal Supremo para emitir las euroórdenes contra los líderes independentistas, salvo que considere que existen deficiencias sistematicas para garantizar sus derechos fundamentales.

En paralelo, Puig recurrió su nuevo procesamiento por desobediencia y malversación agravada, pero la Sala de Apelación del Supremo rechazó su recurso el pasado 13 de junio, de manera que el procesamiento devino firme, lo que significaba que la Fiscalía ya podía pedir la euroorden contra él. Pese a que Puig no estaba blindado por la inmunidad parlamentaria, la Fiscalía esperó el fallo del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que retiró el blindaje al expresident catalán Carles Puigdemont para decidir sobre el conjunto de los fugados. Y ahora entiende que con este escenario se cumplen los requisitos establecidos por la legislación vigente europea que permite a la autoridad judicial española competente dictar orden de detención y entrega.