Los jueces reivindican sus fueros y no atenderán al fiscal si les cita como investigados

«La garantía procesal de aforamiento de éstos (jueces y magistrados) debe ser calificada como indisponible por ser una cuestión de orden público, y así lo deberán comunicar en caso de ser citados/as para prestar declaración como investigados/as», reza el acuerdo aprobado la pasada semana por la comisión permanente del CGPJ.

El acuerdo, colgado ya en la web del CGPJ, fue aprobado por unanimidad, según han informado a EFE fuentes del órgano de gobierno de los jueces. Supone cambiar la posición oficial que se adoptó en marzo de 2019, cuando se dejó a la libre voluntad del juez afectado atender las citaciones del fiscal y la posibilidad de renunciar al fuero que le atribuyen las leyes para proteger su trabajo y su independencia. Cuando pueda haber un juez implicado en una causa penal, la instrucción debe llevarla la sala de lo civil y penal de los tribunal superior de justicia y la Ley Orgánica del Poder Judicial regula «el privilegio de la inmunidad judicial» al establecer que los jueces en activo «solo podrán ser detenidos por orden del Juez competente o en caso de flagrante delito».

Aquel acuerdo que dejaba en manos del juez renunciar a esos fueros fue adoptado por mayoría, con el voto en contra de tres vocales y un voto particular discrepante firmado por el vocal José Antonio Ballesteros, del bloque conservador. Ahora, después de que un juez citado por la Fiscalía haya informado de su caso al CGPJ, la comisión permanente ha decidido «reconsiderar» ese acuerdo y lo justifica precisamente con los argumentos que incluyó en su voto particular Ballesteros, que sigue formando parte de ese órgano.

Con el objetivo de reforzar «la necesaria protección de la independencia judicial», la comisión acuerda la «irrenunciabilidad» del fuero, al entender que «quedaría en entredicho» si el juez puede acudir voluntariamente a declarar. La Fiscalía General del Estado, consultada por EFE, ha declinado comentar esta decisión. El CGPJ cumplirá en diciembre cinco años en funciones, duplicando el mandato marcado por la ley ante el rechazo del PP a renovar a sus vocales si no se cambia antes el sistema de elección.