El juez de Tsunami no descarta ánimo homicida en las lesiones a un policía

El magistrado de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de una de las investigadas en esa causa contra la personación en el procedimiento de dos agentes de Policía que sufrieron heridas de gravedad en los incidentes ocurridos el 18 de octubre de 2019 en la plaza de Urquinaona y Vía Laietana de Barcelona.

Además, la defensa de Josep Lluis Alay, considerado la 'mano derecha' del expresidente catalán, ha acusado al juzgado de la Audiencia Nacional que instruye la causa de 'Tsunami Democràtic' de tener una «evidente voluntad obstructiva» porque no les permite tener conocimiento de todo lo actuado en la causa desde su apertura en octubre de 2019. Así consta en un recurso de reposición, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la defensa, dirigida por el abogado Gonzalo Boye, combate la negativa del juzgado a expedir determinadas certificaciones solicitadas en noviembre de 2023.

Con esas certificaciones, la defensa de Alay buscaba conocer no sólo todas las diligencias acordadas desde octubre de 2019 sino también saber cuántas ordenes europeas de investigación (OEDE) han sido cursadas, cuántas comisiones rogatorias internacionales se han enviado y «el total de personas investigadas -oficial y no oficialmente- en el presente procedimiento desde su apertura». Cabe recordar que fue el pasado mes de noviembre de 2023 cuando el juez Manuel García Castellón acordó por auto dirigir la investigación contra el expresidente Carles Puigdemont en esta causa en la que se investiga el papel de la plataforma Tsunami en los disturbios que siguieron a la sentencia del 'procés'.

Además, el magistrado imputó a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a otras nueve personas. A esas certificaciones, la defensa de Alay añade que quiere conocer las fechas entre las cuales el procedimiento permaneció en secreto, cuáles han sido las prórrogas en ese periodo, y qué testigos, peritos e investigados han declarado ya.

Tras elevar esas peticiones al juzgado, señala el recurso de Alay, la Letrada de la Administración del Estado (LAJ) pidió «justificación de los motivos», y ya en este mes de enero se denegó la solicitud en base a que la misma era «demasiado extensa» y que debieron ser «más concretos». «Sin embargo, nuestra solicitud de 28 de noviembre de 2023 sí concretaba, punto por punto, los extremos sobre los cuales se solicitaba la certificación», lamenta la defensa de Alay al tiempo que indica que «si este procedimiento está debidamente controlado no debería ser problema la emisión de las certificaciones interesadas». Precisamente este mismo miércoles trascendió que la defensa de Alay solicitó al juez que anulara todo lo que se ha actuado desde el 29 de julio de 2021 dado que con antelación a esa fecha -plazo máximo de instrucción- no existió resolución que acordara la prórroga de las pesquisas.