Bruselas acepta mediar dos meses con Bolaños y González Pons para desbloquear el CGPJ

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, se dará cita con el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes y con el vicesecretario de Acción Institucional del PP el próximo 31 de enero en Bruselas, en una primera reunión a tres bandas que marcará el comienzo del plazo de dos meses. Dicho plazo, que expiraría en marzo, despejaría los dos meses previos a las elecciones europeas de junio de 2024 y permitiría también que Reynders emprenda ese mismo mes su campaña para presidir el Consejo de Europa, debido a la cual se verá obligado a dejar al menos temporalmente su cargo en la Comisión Europea.

A falta de conocer cuántas reuniones están previstas bajo este marco, si todas se celebrarán en Bruselas o los objetivos del primer encuentro, la Comisión se declaró «disponible para involucrarse» en un diálogo estructurado con vistas a que España cumpla la recomendación que desde hace cuatro años le reitera el Ejecutivo comunitario: la renovación y reforma del CGPJ.

En declaraciones a la prensa tras conocerse el visto bueno de la Comisión, Bolaños aseguró que esta intentona «tiene que ser la definitiva» y que la idea del Gobierno sobre el orden de la negociación coincide con la de la Comisión Europea. En el pasado, Bruselas se ha mostrado favorable a que la nominación de los miembros del CGPJ se aborde como prioridad e inmediatamente después se inicie el proceso para la reforma del proceso de designación.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, señaló este mismo viernes que su partido trabajará para renovar y reformar «a la vez» el CGPJ. A su llegada al Consejo de Justicia de la UE, Reynders insistió este viernes en que lo que España debe hacer es «aplicar las recomendaciones del informe sobre el Estado de derecho». «Ustedes saben que durante varios años hemos estado pidiendo que podamos avanzar en esta implementación a través de la composición del CGPJ y luego la reforma de ese Consejo», señaló.

«Espero que todos los actores políticos de España quieran avanzar en esta dirección», dijo Reynders. Bolaños indicó que abordó el tema de manera informal con el comisario en una visita cultural el jueves organizada por Bélgica, país que preside el Consejo de la UE. La conversación del jueves con Reynders, que fue «distendida», se produjo en el marco de una visita cultural al Museo de Bellas Artes de Bruselas. «Lo que está claro, porque ese fue el objeto (...) de mi conversación con el comisario Reynders, es que la Comisión Europea está muy preocupada por el bloqueo del Partido Popular a la renovación del Consejo General del Poder Judicial», señaló.

Añadió que el Gobierno español «quiere trabajar desde ya con la Comisión Europea y también con el Partido Popular en acabar con ese estropicio que está provocando el PP con su bloqueo a la renovación del Consejo». El eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez dijo por su parte sobre la renovación del CGPJ en un comunicado que al Gobierno de España le pediría que «en vez de estar tan interesado en descolonizar museos, se encarguen primero de descolonizar la Justicia española».

Ley de amnistía

El comisario europeo de Justicia mencionó también la ley de amnistía. Dijo que Bruselas está debatiendo con las autoridades españolas y «esperando a ver qué saldrá finalmente de los debates parlamentarios y del texto resultante». Aseguró que el Ejecutivo comunitario está «muy atento» a las enmiendas sobre terrorismo en la ley de amnistía. Pero hizo hincapié en que no va a «comentar cada una de las etapas del debate» y que esperará a ver «cuál será el texto final».

Admitió, no obstante, que hay contactos con las autoridades españolas, a quienes les transmiten preguntas y que la CE trata de «obtener tantos detalles como sea posible sobre lo que podría surgir». «Puedo confirmarles que seguimos comunicándonos con las autoridades españolas sobre el tema (...) Nos fijaremos en el texto final. No quiero darles una orientación mientras el texto todavía esté siendo debatido hoy. Dejemos que las autoridades españolas avancen primero», dijo. El ministro español explicó por su parte que cree que «es una ley absolutamente impecable, sólida desde el punto de vista técnico, que es conforme a la Constitución y conforme al derecho de la Unión Europea».