La Mesa del Congreso da por aprobada la ley de penas a etarras y la envía al BOE

Según han informado fuentes parlamentarias, desde la Presidencia de la Cámara se ha decidido debatir este asunto este mismo martes dada su importancia, pese a que habitualmente la Mesa sólo trata los escritos que entran en el Congreso antes del sábado anterior a su reunión de los martes.

El Pleno del Senado, con la mayoría absoluta del PP, rechazó la ley este lunes y el presidente, Pedro Rollán, interpretó que ese resultado implicaba un veto, por lo que devolvió el texto al Congreso para ser aprobado definitivamente. Se trata de una conclusión inusual, porque un veto del Senado implica haber presentado previamente una enmienda de totalidad, cosa que nadie registró en la Cámara Alta, y después debatirlo y votarlo; si el veto prospera, a la semana siguiente se debate en el Pleno del Congreso, que puede levantarlo con mayoría absoluta.

La interpretación con la que ha actuado Rollán se basa en un informe de los letrados que concluye que, si la mayoría del Pleno de la Cámara Alta rechaza un texto, aunque no haya sido modificado a través de enmiendas, se entiende que es vetado y devuelto al Congreso para levantar este veto o ratificarlo. Además, según esta interpretación de la Presidencia del Senado, la reforma legal no se publicaría en el Boletín Oficial del Estado (BOE) directamente al no haberse modificado el texto durante su tramitación en la Cámara Alta, sino que sería devuelta al Congreso para que levantase ese «veto». En el Congreso reconocen que este procedimiento no es el habitual y así lo han expuesto los servicios jurídicos en la reunión de la Mesa de la Cámara. Aunque el criterio de los letrados no es vinculante, el PSOE y Sumar lo han aceptado y han unido sus votos para rechazar la pretensión del Senado y dar por aprobada la ley, frente a los argumentos esgrimidos por los representantes del PP en la Mesa.

En concreto, la Secretaría General del Congreso sostiene que no se puede interpretar como un veto el rechazo del Senado a esta polémica ley porque en ningún momento se utilizó formalmente esa figura que, en todo caso, debería haberse registrado dentro del plazo previsto por la Constitución. Según el artículo 90.3 de la Constitución, la Cámara Alta disponía de 20 días naturales para vetar o enmendar el proyecto, puesto que se estaba tramitando por el procedimiento de urgencia.

El escrito por el que el Congreso envió la ley al Senado fue remitido el pasado 19 de septiembre, por lo que el plazo de que disponía el Senado para adoptar un acuerdo en relación con esta iniciativa vencía el 10 de octubre. E incluso si se empezara a contar ese periodo desde el día de la publicación de la aprobación de la ley por el Congreso, el plazo de veinte días habría vencido el domingo 13 de octubre.

En opinión de los letrados del Congreso, no existe ningún precepto, ni siquiera en el propio Reglamento del Senado, que permita interpretar que los veinte días pueden convertirse en 21 por el hecho de que el último día del mismo fuera domingo, pues ello entraría en contradicción «evidente y palmaria» con al artículo 90 de la Constitución, que en todo caso, prevalecería sobre una ley orgánica como es el Reglamento del Senado. Además, inciden en que el Reglamento del Senado fija un plazo de diez días desde la llegada del texto a la Cámara Alta para la presentación de un veto, precepto que tampoco se habría cumplido en este caso puesto que no se registró ninguno.

Las mismas fuentes apuntan que los senadores reunidos en el Pleno este lunes no conocieron que supuestamente se estaba votando un veto hasta el momento en que el PP así lo verbalizó durante la sesión. De hecho, los socialistas apuntan que en el propio guion de votación de esa sesión plenaria se preveía la aprobación definitiva de la reforma al no haberse registrado veto alguno. Con todos estos argumentos la Mesa del Congreso ha decidido rechazar la «triquiñuela» a la que, según denuncia la mayoría de este órgano, ha recurrido el PP y ha optado por no reconocer el supuesto veto del Senado. En este contexto ha aprobado enviar la reforma al Gobierno informándole de su aprobación y al BOE para que la publique y entre en vigor.