Así lo han trasladado los sindicatos CCOO, UGT, ANPE, Adide, USIE, UFP, SUP, Acaip y SIAT este viernes en una rueda de prensa en Madrid, donde han anunciado que estas movilizaciones se convocarán tanto en Madrid como en todas las capitales de provincia de España. Tal y como han detallado las organizaciones sindicales, la campaña de movilizaciones se iniciará el 11 de diciembre con una concentración por la mañana y por la tarde.
Por la mañana, en Madrid se concentrarán a las 10.30 horas en la sede de Unespa (patronal de las aseguradoras), mientras que por la tarde, será entre las 17.00 y 18.00 horas en función de cada provincia, en la sede de Muface en Madrid y en sus respectivas delegaciones provinciales.
De igual manera, los sindicatos han indicado que en esta manifestación los trabajadores públicos asistidos por Muface estarán acompañados también por los funcionarios de la Justicia de Mugeju, que también están presentado complicaciones en su prestación sanitaria después de que se suspendiera cautelarmente el procedimiento de contratación de este concierto.
Así, las organizaciones sindicales convocantes saldrán a la calle para exigir una solución «lo antes posible» para renovar el acuerdo de Muface que permita la asistencia sanitaria de los 1,5 millones de funcionarios que están acogidos a este concierto sanitario. «Usaremos las medidas de presión que consideremos necesarias», han avisado. Durante la rueda de prensa, han recordado que, con datos de 2024, los más de 1,5 millones de trabajadores públicos asistidos por Muface eligen en un 72% de ocasiones la asistencia sanitaria privada -34% Adeslas, 25% Asisa y 13% DKV- y en un 28% la sanidad pública.
Esta situación se produce después de que las tres aseguradoras que hasta ahora prestaban atención en Muface (Adeslas, Asisa y DKV) no se presentarán a la nueva licitación para los años 2025 y 2026 porque el Gobierno planteó una subida en las primas del 17,12% que desde las aseguradoras consideraron «insuficiente». En esta línea, los representantes de los trabajadores han indicado que no ven una opción alternativa que no sea suscribir un nuevo convenio para renovar Muface, aunque han pedido abrir a futuro una mesa de negociación con el Ministerio de Función Pública para analizar un plan que garantice la asistencia sanitaria de los mutualistas.
Así, desde la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO (FeCCOO) han asegurado que no comparten que «de hoy para mañana» se pueda realizar un traslado de los mutualistas de Muface al sistema de salud nacional, tal y como plantea el Ministerio de Sanidad en un informe, porque eso incrementaría la presión sobre la sanidad pública. «Hay que trasladar seguridad y certidumbre a los trabajadores públicos», ha pedido el secretario general de FeCCOO, Francisco García. Por su lado, la responsable de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, Maribel Loranca, ha exigido al Gobierno demostrar que con la Ley de Contratos del Sector Público se puede garantizar esta prestación sanitaria hasta 2025.
En esta línea, los representantes de ambos sindicatos han avisado de que las aseguradoras están enviando cartas a los funcionarios mutualistas advirtiendo que solo recibirán asistencia sanitaria hasta el 31 de enero, cosa que desde «el Gobierno se ha desmentido». «No es razonable la actitud que están teniendo», ha recalcado García, a la vez que ha recordado que estas entidades privadas llevan «lucrándose» con Muface los últimos 50 años.
«Denunciamos a unas aseguradoras insaciables que con el argumento de que Muface está infrafinanciado quieren aumentar sus beneficios económicos a costa del Estado y de derivar a la sanidad pública los casos más graves y caros de atender», ha expuesto, por su lado, el secretario de Organización del sindicato Unión Federal de Policía (UFP), Álvaro Fernández. Preguntado por la convocatoria paralela que desde el sindicato CSIF han convocado para la defensa de Muface el día 14 de diciembre, desde CCOO han criticado la visión «sesgada» por parte del sindicato encabezado por Miguel Borra. «CSIF nunca se ha acercado a nosotros», ha reconocido García, que ha acusado al sindicato de «solo poner el foco en una parte». Esta postura también ha sido defendida por el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), Francisco Venzalá, que ha asegurado que el resto de sindicatos de funcionarios «siempre han tenido las puertas abiertas».
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