El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reúne con la presidenta del Parlamento Europeo. | Efe

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El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo este miércoles a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que las lenguas cooficiales son «un asunto de identidad española», a la espera de un informe interno de la Eurocámara para valorar las implicaciones del uso de las mismas en los plenos parlamentarios.

«Se ha puesto de relieve que este no es un asunto político en el sentido de política partidista, sino que es un asunto de identidad nacional española», dijo Albares en declaraciones a la prensa tras reunirse con Metsola en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. El encuentro, previsto inicialmente para principios de noviembre pero pospuesto por la DANA, llega semanas después de que Metsola haya solicitado un nuevo informe sobre las implicaciones del uso del catalán, euskera y gallego en los plenos de esta institución comunitaria como paso previo a la decisión de incluirlos en el régimen lingüístico del Parlamento Europeo.

El grupo de trabajo de la Mesa dedicado a lenguas, ciudadanos e interpretación, que se reunirá por primera vez esta legislatura el próximo 10 de diciembre, elaborará un informe sobre las consecuencias prácticas, presupuestarias y políticas de esta decisión, pero no tiene plazo para presentarlo. Albares señaló que el informe es «soberanía del Parlamento Europeo» pero que «el asunto ya está encima de la mesa y va a llevar un trámite normal». En este grupo están los dos vicepresidentes españoles del Parlamento Europeo, el socialista Javi López y el popular Esteban González Pons.

«Yo no creo que este tenga que ser un tema de disputa política, es un tema de nuestra identidad nacional y así se lo traslado al Partido Popular», señaló Albares. «Esto no es la victoria de unos españoles sobre otros. Esto es nuestra identidad nacional, las lenguas cooficiales que están en nuestra Constitución, que se usan con normalidad todos los días en muchas comunidades autónomas, también por miembros del Partido Popular (...). Sinceramente, no me encontrarán a mí queriendo hacer de nuestras lenguas oficiales (...) un caballo de batalla contra nadie. Yo quiero sumar a todas las familias políticas», añadió.

En la reunión tampoco se trató, dijo el ministro, el informe inicial que solicitó Metsola a los servicios jurídicos de la Eurocámara en 2022 y cuyo contenido (o si está finalizado) nunca ha trascendido. El informe al parecer aborda -entre otros temas- el coste de los intérpretes, las consecuencias políticas si otros países europeos con minorías lingüísticas quisieran hacer lo propio o el caso práctico del gaélico, el último idioma en ser reconocido como oficial a nivel europeo. Este paso llega después de que el ministro Albares escribiera en septiembre una tercera carta a Metsola para pedirle que permita el uso de las tres lenguas cooficiales y subrayara que son «un elemento esencial en la identidad nacional española», inherente a sus estructuras políticas y constitucionales fundamentales.

El proceso en el Parlamento Europeo es, sin embargo, independiente de la solicitud del Gobierno español de que estas tres lenguas sean oficiales en toda la Unión Europea, un debate que tiene lugar en el Consejo de la Unión Europea -donde están representados los gobiernos- y que Madrid impulsó durante la presidencia española del Consejo pero sigue bloqueada.

Albares señaló que no ha hablado en concreto con el Gobierno polaco -que ostentará la presidencia semestral del Consejo en la primera mitad de 2025- sobre «en qué Consejo de Asuntos Generales irá o no irá», pero se mostró convencido de que España «lo va a tener en la Presidencia polaca como tema y no hay ninguna dificultad». En el encuentro, el ministro aprovechó para hablar con Metsola sobre el nuevo ciclo legislativo europeo y para darle su enhorabuena por su reelección como presidenta de la Eurocámara y su agradecimiento por la implicación personal con las víctimas de la DANA, ya que Metsola impulsó una tramitación de urgencia para el reglamento que permite flexibilizar ciertas ayudas.