El Congreso cita a Ábalos el 13 de enero para que pueda defenderse ante el suplicatorio

El suplicatorio es un requisito por el que la Justicia pide al Congreso o al Senado poder actuar contra algún miembro del Poder Legislativo, y sin su aprobación no pueden ser procesados. En este caso, el Supremo lo ha solicitado al Parlamento al apreciar en la actuación de Ábalos indicios de delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación en el caso Koldo.

La comisión, según han informado a EFE su presidente, el diputado del PP Manuel Cobo, ha aprobado por unanimidad dar de plazo a Ábalos hasta el lunes 13 de enero, a las 10:00 horas, para que pueda presentar las alegaciones que considere oportunas.

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Pero se ha convocado para las 12:00 horas de ese mismo día una nueva reunión de la comisión por si el exministro desea comparecer ante ella y defenderse verbalmente. Si Ábalos no comparece y presenta alegaciones se votarán las conclusiones para elevarlas al pleno del Congreso; si comparece, la comisión se volvería a reunir a las 16:00 horas para cerrar esas conclusiones que ya irían a sesión plenaria.

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, el suplicatorio será sometido a votación en el primer pleno ordinario que tenga previsto celebrar la cámara, por lo que ese trámite se completaría ya en febrero. En el plazo de ocho días, contados a partir del acuerdo del pleno que concede o deniega la autorización solicitada, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, deberá dar traslado del mismo al Tribunal Supremo, advirtiéndole de la obligación de comunicar a la cámara los autos y sentencias que se dicten y que afecten personalmente al diputado.

El suplicatorio, según el Reglamento del Congreso, se entenderá denegado si la Cámara no se hubiere pronunciado en el plazo de 60 días naturales, computados durante el período de sesiones a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio. El Grupo Socialista ya ha avanzado que votará a favor del suplicatorio pedido para Ábalos, mientras que la defensa del exministro ha pedido al Tribunal Supremo la nulidad de la causa al considerar que el juez ha vulnerado sus derechos fundamentales porque entiende que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil interceptó ilegalmente sus comunicaciones.