El Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza (GOB) explica en un comunicado que el conflicto entre las administraciones quedó patente en la reunión celebrada ayer por el patronato del parque, en la que se evidenciaron «problemas importantes que tienen o pueden tener efectos negativos en la gestión del espacio natural protegido.
La entidad proteccionista recuerda que en febrero de 2019 el Gobierno amplió de 10.000 a casi 91.000 hectáreas la superficie del parque y se reservó la gestión del espacio ampliado, mientras que la superficie original es administrada por la Comunidad Autónoma.
El Govern defiende que la gestión se mantenga en sus manos, por lo que interpuso un recurso contencioso administrativo que tendrá que resolver el Tribunal Supremo.
«La voluntad de Madrid de gestionar en exclusiva la zona ampliada ha generado un conflicto administrativo de consecuencias graves para la ordenación del parque», lamenta el GOB, que pide «responsabilidad» a las partes en conflicto para evitar perjuicios a Cabrera.
Explican los ecologistas que la nueva ley del parque nacional, prevista en su ampliación, «se encuentra en vía muerta» a la espera de que se resuelva el proceso judicial, algo parecido a lo que ocurre con el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), prorrogado desde 2012.
Los propios técnicos del parque alertaron en la reunión del patronato de los riesgos de esta parálisis, pero los representantes de las administraciones pusieron de manifiesto «una gran y preocupante falta de determinación», critica el GOB.
«Para evitar que la conservación del patrimonio natural y cultural del parque pueda sufrir consecuencias negativas», la asociación ecologista insta al Govern balear ha avanzar en un nuevo PRUG y exige al Ministerio que reconozca la competencia de la Conselleria en todo el parque.
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