La entidad vecinal asegura en un comunicado que las casas de apuestas son un riesgo grave para colectivos de población vulnerable, y recuerda que en 2019 hubo 281 personas que pidieron tratamiento con terapias de rehabilitación por adicción al juego, más del doble del año anterior.
Piden a la administración autonómica que defienda el derecho a la salud pública y ponga límite a los negocios de apuestas, bingos, casinos, máquinas de tipo B3 y salas de juego, prohíba la promoción y mantenga la moratoria que no permite abrir ni ampliar ningún nuevo local en Baleares. «Y en especial en Palma, donde ya estamos saturados», aseguran en la nota.
Prohibir taxativamente la publicidad del juego en los espacios públicos y realizar una inspección eficiente para asegurar que los menores y personas con ludopatía no puedan acceder a salas de juego son otras de las peticiones de la entidad vecinal.
Piden además que no se permita la venta de alcohol en estos establecimientos porque consideran que bebe «es contradictorio con la premisa de hacer un juego responsable».
Consideran además que no permitir el uso de tarjetas de créditos, ni tener cajas interiores para sacar dinero, facilitaría el control de muchos usuarios.
La Asociación Barrio Cívico Santa Catalina asegura que el barrio está «castigado por un modelo de ocio muy tóxico» y teme que más empresas de este ámbito se instalen en él, donde en la actualidad hay tres.
La entidad pide al Govern una apuesta valiente por la prevención «como la forma más inteligente de actuar».
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