Los agentes de la Policía Local durante las inspecciones llevadas a cabo este viernes por la noche. | Ajuntament de Palma

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La Policía Local y la Nacional han precintado un bar en Palma y han levantado unas 111 actas este pasado viernes por incumplir la normativa COVID y otras cuatro por desobediencia. En total, se ha localizado a 215 personas en el interior de establecimientos y se han levantado cinco actas por estupefacientes.

En el caso concreto del interior del local precintado había unas 14 personas fumando y sin mascarillas; sólo en este establecimiento se han levantado 21 actas, según han informado desde la Policía Local.

Los agentes realizaron diferentes operativos el pasado viernes, en colaboración con el Govern. En concreto, se han realizado control en Blanquerna, Santa Catalina y el Passeig Mallorca con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las limitaciones horarias de las terrazas.

Se trata del primer fin de la semana en el que los restauradores de Mallorca pueden tener abiertas las terrazas, tras ser cerradas el pasado 13 de enero con la finalidad de frenar los contagios de COVID-19 y desde las diferentes instituciones públicas competentes han anunciado que este fin de semana se reforzará la vigilancia con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las normas.

El Govern, la Delegación del Gobierno y los ayuntamientos han diseñado un operativo especial. Las autoridades consideran que este fin de semana es «especial» debido al tiempo que han estado vigentes el cierre de los bares y restaurantes y las restricciones a las reuniones sociales. Desde mediados de enero y hasta el pasado martes, la restauración sólo podía servir para llevar o a domicilio y las reuniones estaban limitadas a sólo convivientes.

En el dispositivo de este fin de semana se insistirá en el cumplimiento de medidas como la limitación de aforos, la obligación de llevar mascarilla mientras no se consumen alimentos o bebidas y la prohibición de reunirse personas de más de dos núcleos de convivencia diferentes, entre otros aspectos.

También se vigilará que los bares no venden alcohol para llevar, algo que no pueden hacer a menos que vaya acompañado de comida. El objetivo es evitar el botellón e impedir que la vía pública funcione como una extensión de los restaurantes.

El operativo estará coordinado por la Dirección General de Emergencias e Interior del Govern, y contará con policías locales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A ellos se suman los 174 informadores COVID desplegados en Mallorca, Menorca y Formentera, que desde el pasado martes han adaptado su trabajo para incidir en los puntos de más riesgo -como terrazas de bares, lugares donde se concentran estos establecimientos y paseos marítimos-.

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La consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, anticipaba esta semana que van a ser «estrictos»: «Que nadie se piense que en este momento no hay controles».

Mayor vigilancia en las playas

También se llevará a cabo un dispositivo especial en las playas porque con la llegada del buen tiempo ha comenzado a aumentar la afluencia en estos espacios -si bien para este fin de semana se podrían registrar lluvias-. Desde el Govern han recordado que en las playas se aplican las mismas normas que en otros lugares.

Así, se controlará que en las playas no se reúnan más de seis personas de máximo dos núcleos de convivencia diferentes, que todos lleven mascarilla y que se mantenga la distancia de seguridad, entre otras cuestiones.

A la vigilancia en playas contribuirán tres drones de Emergencias con cámaras ópticas y de infrarrojos, que este viernes ya sobrevolaban las playas desde Son Serra de Marina hasta Playa de Muro.

El Govern insiste en que las sanciones se cobrarán

Para reforzar el mensaje de prudencia, el Govern hizo públicos el jueves datos sobre las sanciones impuestas hasta la fecha por incumplimientos de la normativa COVID-19, insistiendo en que estas multas se están aplicando efectivamente y que se cobrarán, si no es voluntariamente, por vía ejecutiva a través de la Agencia Tributaria.

Desde junio -cuando se aprobó el decreto que regulaba las sanciones en Baleares- hasta la fecha se han presentado 11.661 denuncias, 949 contra establecimientos y el resto contra particulares. La mayoría de las sanciones contra particulares son por no llevar mascarilla.

Además, se están tramitando propuestas de sanción por un importe que supera los 2,1 millones de euros. En este caso, la mayor parte corresponde a empresas (1,7 millones) y el resto a particulares (438.000 euros). Por Islas, 8.197 de las 11.661 denuncias corresponden a Mallorca, 952 a Menorca, 2.303 a Ibiza y 209 a Formentera.