La regidora de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, informó este martes de que este nuevo sistema sancionador se ha implantado «como una herramienta que tendrá un efecto positivo para acabar con la sensación de impunidad urbanística que hay entre ciertos colectivos». Aseguró que el objetivo no es recaudatorio sino «incrementar la conciencia social de que las ilegalidades urbanisticas se pagan y tienen unas consecuencias».
Estas multas, indicó, van vinculadas a dos supuestos diferentes: los casos en que se detecte una ilegalidad urbanística y el Ayuntamiento ejecute una orden de demolición de la obra o de paralización de la misma. «En estos dos casos son los promotores de las obras los que deben derribar o paralizar los trabajos y si esto no sucede entonces se activan estas multas».
La ley permite que durante el tiempo que pase entre la orden de ejecución de derribo o de paralización y en tanto no se haga efectivo por los responsables, el Consistorio tiene la capacidad de poner sanciones económicas cada mes durante todo un año, «a fin de presionar para que se cumpla la orden de derribo o de paralización».
La sanción puede ser de un 10 % del valor de la obra, con un mínimo de 600 euros. Así, por ejemplo, apuntó Truyol, «si se trata de la reforma de una vivienda por valor de un millón de euros la multa podría ser de 100.000 euros al mes durante un año».
La responsable municipal hizo un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos, pero admitió que cuando una minoría incumple «la administración tiene herramientas para poder intervenir y neutralizar estas infracciones».
Truyol informó de estas multas tras hacer balance de las actuaciones del Departamento de Disciplina Urbanística durante el año pasado, en el que se abrieron 715 investigaciones por posibles casos de incumplimientos. De ellos, 308 acabaron siendo un expediente de disciplina abiertos por haberse detectado una infracción, incumplimiento o falta de licencia. Es decir que un 43 % de los casos investigados acabaron con un expediente, «lo que supone una cifra algo superior a la de 2019, que fue del 39 % de los casos investigados».
De estos 308 expedientes, añadió, cerca del 60 % finalmente se archivaron bien porque la obra era legalizable y el promotor presentó un proyecto de legalización (pagando la sanción correspondiente) o porque los propietarios retiran la obra y de esta forma se restaura la legalidad urbanística. En el 40 % de los casos restantes no existió esa acción o voluntad de restablecer la legalidad por lo que el Ayuntamiento abrió una orden de demolición o de paralización de las obras.
Por otro lado, la responsable del área de Urbanisme recordó que se ha modificado del 95 % al 50 % de la bonificación de la sanción que prevé la ley urbanística en los casos en los que cuando hay posibilidad de legalizar una obra ésta se legaliza. Se hizo así porque Cort entendía que «con una bonificación del 95 % salía muy barato incumplir la normativa, mientras que con una del 50% se sanciona de una forma más coherente a los infractores».
Las tipologias de estos expedientes sancionadores abiertos son muy diversas y las sanciones pueden ir de los 600 euros al millón de euros.
En este sentido, en 2020 se alcanzó «una cifra récord» de 1.700.000 euros en la suma de las cuantías infracciones impuestas, frente, por ejemplo, a los 600.000 euros de 2019.
IEE
Por otro lado, la regidora lamentó que hasta el momento solo se han presentado 847 informes de evaluación de edificios (IEE), antigua ITE, de los 5.000 edificios de Palma que tenían obligación de presentarla el año pasado, menos del 20 % del total.
Truyol insistió en que «vamos a ser flexibles y damos unos meses más, hasta mediados de año, para que se presenten estas inspecciones» pero realizó un nuevo llamamiento a la responsabilidad de los propietarios para que las presenten con celeridad «y poder garantizar que los edificios están en situación óptima y no tener que lamentar después incidentes».
6 comentarios
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Deberian multar al govern por cada mes que se retrasa en dar una licencia, y cobrarle el 10% de lo que cuesta esa obra, Es como hacienda o seguridad social si pagas tarde viene con recargo pero cuando la administracion no cumple con el pago a proveedores no hay recargo alguno, Si se impusiera recargos o sanciones para ellos tambien tal vez funcionaria mejor la cosa
Igual, la gente comete infracciones urbanísticas, porque se cansa de esperar más de dos años a que el departamento de Truyol le de una licencia de obras.
Añado: ¿cómo se respeta el derecho de recurso?
Las medidas de nuestras autoridades suelen ser de una legalidad coja, si juzgamos por las repetidas sentencias contrarias. Los ayuntamientos distan de ser infalibles en urbanismo. Por ejemplo, el TS dejó en sólo un 20 % la multa contra Boris Becker, dictada en Artà.
No hay afán recaudatorio.. mm no que va, como el pájaro Dron que enchufa la Guardia Civil en la autopista para cazar a la gente a más de 80.. En un tramo que los accidentes se cuentan con la mano. Mirad prefiero votar al Pacma y que me pongan un Chimpance de Alcalde que alguno de los que tenemos ahora mandando.
Declaraciones de cara a la galería. Un vecino puso dos denuncias en 2014 y aún las están tramitando.