La notificación a los ciudadanos de multas de tráfico y estacionamiento está reglamentada por la ley. | Redacción Sucesos

TW
22

El negociado de multas del Ajuntament de Palma, que depende de la Regiduría de Mobilitat, está recibiendo durante estos días un aluvión de llamadas de ciudadanos, que aseguran no haber recibido notificación de sus sanciones tras la publicación, en este diario, de que Cort ha expedientado a la empresa encargada del reparto después de la detención de cinco trabajadores por falsificar el acuse de recibo.

Cabe recordar que, según la normativa, es obligación de la empresa notificadora acudir al domicilio de los sancionados para entregar la notificación y volver antes de tres días, y en horario diferente, para intentarlo de nuevo si no los localiza. En caso de no poder hacerlo en esta segunda instancia se deja una nota para que el afectado acuda a recogerla. Si tampoco se entrega de esta forma, el procedimiento establece que la sanción se publique en el Boletín Oficial aunque, al hacerlo, se le aplica un recargo que es del doble de la cuantía en las infracciones leves y del triple en las más graves. Este hecho se ha denunciado en alguna ocasión, la última por parte de la defensora de la Ciudatania, Anna Moilanen, ya que se produce un doble perjuicio porque el sancionado no puede acogerse al descuento del 50 por ciento por pronto pago y porque, una vez publicada en el documento oficial, la sanción se ha duplicado o triplicado.

Fuentes municipales confirmaron el incremento de llamadas por este motivo pero destacaron que, en muchos casos, puede tratarse de «picaresca» de ciudadanos que quieren ahorrarse el pago, por lo que se comprometieron a que Cort revisará los casos y eliminará los recargos en los que se pueda demostrar que no hubo entrega de la notificación. Al mismo tiempo desde el Ajuntament se está planteando la posibilidad de rescindir el contrato con la compañía por incumplimiento y se le pidió información antes de tomar la decisión.

Protocolo ético

La empresa, a través de su directora, envió hace unos días dicha información entre la que incluyó un protocolo ético y en la que detalla, entre otras cosas, que ahora ha cambiado el sistema de entrega y que, por ejemplo, los datos del DNI del sancionado van encriptados y, por tanto, es imposible falsificar la entrega.

Sin embargo, según las fuentes, esta información «no le basta al Ajuntament para tomar una decisión», por lo que le han solicitado, de nuevo, más datos como el número de notificaciones que no se entregaron y posibles retrasos detectados. Al parecer, la empresa defiende que no podía saber lo que hacían sus trabajadores con las multas ya que aseguran tener datos de geolocalización en los que se demuestra que llegaron a estar en los domicilios donde no entregaron nada.