La promesa de Emaya a la fiscal

En el año 2016, la Fiscalía de Medio Ambiente abrió unas primeras diligencias informativas al respecto. Entonces, con Truyol al frente de Emaya, la entidad envió un informe al Ministerio Público. En ese documento se informaba sobre la situación de la depuradora de Palma y sobre el inicio de los trámites para construir un nuevo emisario adaptado con la normativa. Con ese compromiso, la fiscal dio por cumplida su misión y archivó esa primera investigación penal el 14 de noviembre de 2016. En aquel momento convencieron las explicaciones.

Dos años después, en 2018 se reprodujeron los vertidos y los cierres de playas. Varias denuncias llegaron de nuevo ante la Fiscalía. Se abrieron unas nuevas diligencias de investigación y un expediente gubernativo. El Seprona de la Guardia Civil y la unidad técnica de la Fiscalía constataron que la situación era la misma que en 2016 y que había contaminantes en la bahía de Palma. Las mismas deficiencias. La Fiscalía esta vez sí aprecia indicios de un delito ambiental por esa falta de actuaciones y judicializa el asunto que llega al Juzgado de Instrucción 12. Durante la investigación pasaron tres jueces por ese órgano judicial y se acumularon una decena de informes, en un sentido y en otro. Ante ellos, el último instructor decidió «sin prejuzgar» que se debían debatir todas esas periciales en juicio. La Fiscalía mantiene que se ha producido un delito en esos vertidos y en la falta de reacción de Emaya durante ese periodo en concreto y es lo que lleva ahora a juicio.