Ignacio Esteban, el regidor de Vox, que defiende la propuesta. | R.L.

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Vox sigue empeñado en bajar impuestos y luchar contra la okupación, así que en el próximo pleno presentará una propuesta que combina ambas precupaciones del partido: bajar el IBI a las viviendas okupadas. Sin embargo, el regidor de Vox, Ignacio Esteban, no ha presentado un estudio económico. Así se lo echó en cara la concejala de Podemos, Lucía Muñoz, que advirtió a Esteban, que «siempre que haga una propuesta, debería presentar una memoria económica». En la prouesta de Vox se ignoran a cuántas viviendas afectaría ni a cuánto ascendería la reducción de ingresos en las arcas municipales por esta nueva rebaja fiscal.

Mientras tanto, desde Més, Neus Truyol advirtió que «Vox está obsesionado con poner la okupación como principal problema de la ciudad, que en pocas ocasiones afecta a los pequeños propietarios, cuando realmente el problema está en los pisos vacíos para subir los precios inmobiliarios. Aquí nadie ha hablado de incrementar el IBI a las viviendas vacías para que así salgan al mercado. O los precios abusivos, tal y como señala el informe estatal en el que advierte que los jóvenes deben destinar el 90 por ciento de su sueldo a alquiler».

A su vez, la portavoz del PSOE de Palma, Rosario Sánchez, señaló que «con esta propuesta, Vox quiere desvirtuar el problema de la ciudadanía, que es el acceso a la vivienda. Han votado en contra de declarar Palma como zona tensionada, lo que supondría limitar el precio del alquiler, mientras que solo habla de una parte del problema, que es la okupación. Quieren generar alarma cuando el verdadero problema es el precio de la vivienda, acceder a una vivienda con un alquiler asequible».

El PP, por su parte, ha prometido estudiar la propuesta de Vox, y así lo dice en la propuesta que irá al pleno y que con toda probabilidad saldrá adelante si se mantiene el voto de la derecha: «El Pleno del Ajuntament de Palma insta al equipo de gobierno a estudiar la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con objetivo de introducir un nuevo supuesto de exención» en el que se incluirían los inmuebles ocupados ilegalmente.

Mercedes Celeste, regidora de Hisenda, señaló que «no podemos obligar a la gente a hacer caridad son su dinero. Durante los últimos años la vivienda está a precios desorbitados, con pisos a un millón de euros en Palma. Con esta medida nos comprometemos a socorrer a aquellas personas (los propietarios de viviendas okupadas) que están en una situación de vulnerabilidad de forma injustificada».