PSOE Palma cuestiona un contrato del área de Personas Mayores con una federación presidida por la hermana de la regidora

El PSOE ha destacado que la presidenta de la Federación y la regidora son hermanas y, por ello, ha cuestionado que se pueda llevar a cabo esta colaboración, ya que «existen normas que marcan, de forma clara, las incompatibilidades que se tienen una vez se ejerce un cargo público». «Son formas de actuar que no compartimos, creemos que se tiene que delimitar si ha incurrido con una incompatibilidad, ya que la regidora es la persona que firma la licitación de la petición de la Federación, que preside su hermana», ha señalado el portavoz socialista, Xisco Ducrós.

Igualmente, desde el PSOE han subrayado que la ayuda se ha concedido de forma directa y ha solicitado los informes que avalan esta decisión, mencionando que «parece una subvención encubierta». En este sentido, han indicado que el área dispone de líneas de subvención a las que las federaciones pueden optar. Asimismo, han cuestionado «cómo se puede hacer un contrato por un acto fuera de Palma», en este caso, en Algaida.

Con todo, el PSOE ha solicitado el informe jurídico y la memoria justificativa de la necesidad del contrato para saber si el contrato de la prestación es «jurídicamente correcto» puesto que el encuentro se celebró fuera de Palma. Además, ha reclamado una copia de todos los presupuestos recibidos con indicación de la fecha de recepción oficial, los criterios del Ayuntamiento para decidir qué asociaciones se recogerían, los horarios y la ruta, así como los criterios técnicos para saber los motivos por los que el encuentro tuvo lugar fuera de la ciudad.

Por último, los socialistas han pedido el informe jurídico para saber si existe incompatibilidad entre la regidora y la presidenta de la Federación, en base a la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, y la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Así, han solicitado que se remita toda la información al Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las actividades de los cargos públicos o al organismo competente en materia de prevención de conflictos de intereses e incompatibilidades.