Reina muestra las fosas sépticas de las infraviviendas de Joan Miró. | Pilar Pellicer

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Los residentes de las infraviviendas de la calle Joan Miró denuncian que el actual propietario de las mismas está intentando vender el sótano en el que están alojados, por lo que temen por su futuro inmediato. Además, advierten que están sufriendo sabotajes con cortes de luz y agua, así como la rotura intencionada de un motor que les inunda de aguas fecales los pasillos y habitaciones.

Así lo confirma Reina, una de las inquilinas de los zulos. «Creemos que el propietario se está intentando deshacer de las viviendas y pasárselas a inversores. Tenemos miedo porque no sabemos qué será de nosotros», señala la vecina. Reconoce la incertidumbre entre las más de cuarenta personas que viven en las infraviviendas de Gomila, ya que el mercado inmobiliario actual en Palma es aún más inhóspito que un sótano insalubre.

Los residentes advierten que están sufriendo sabotajes que empeoran aún más sus calamitosas condiciones de vida. «Cada vivienda ha tenido que poner 100 euros para arreglar la bomba que alguien dañó. Le hemos visto en las inmediaciones y viene por aquí y hurga en las cajas de la luz y del agua», explica Reina. El sabotaje de la bomba les provocó inundaciones en los pasillos y en las viviendas de aguas sucias en pleno mes de agosto, que además sufren altísimas temperaturas y una grave falta de ventilación.

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«Tenemos fosas sépticas bajo nuestros pies», señala Reina. Algunas de ellas se encuentra dentro de las habitaciones alquiladas, debajo de una de las camas. «Se nos inundó todo y allí había aguas fecales que provenían de las viviendas de los pisos superiores, además de toallitas, guantes, preservativos... Ha sido un desastre», detalla la afectada.

Para evitar más sabotajes, los inquilinos han instalado candados en las puertas de acceso pero «ha aparecido otra mujer diciendo que es propietaria de las viviendas del piso superior y los ha roto. Dice que son zonas comunes de todos pero si nos lo hubiese pedido, le habríamos dado una copia de la llave».

El propietario de las infraviviendas es un policía local que ha sido apartado de su servicio con suspensión de empleo y sueldo durante dos años y cuatro meses. Además, la Conselleria d'Habitatge impuso una multa de dos millones por el alquiler fraudulento de 68 habitáculos, ya que además de las infraviviendas de Joan Miró cuenta con más zulos repartidos por Palma.