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El Ajuntament de Palma ha sancionado por incompatibilidad al policía local investigado por alquilar infraviviendas, que ha sido suspendido de sueldo y empleo durante dos años y cuatro meses. La Conselleria de Habitatge ya le impuso una multa de dos millones de euros.

El pasado 25 de julio, el área de Seguretat Ciutadana i Civisme incoó un expediente disciplinario contra este funcionario de la Policía Local por la presunta comisión de una falta tipificada como muy grave. El 18 de marzo, el instructor del caso resolvió que había cometido una falta disciplinaria de carácter muy grave por la infracción del artículo 68, apartado 1, que sanciona «el incumplimiento de las normas de incompatibilidad», por lo que se propuso una suspensión de dos años y cuatro meses de funciones y de remuneración al agente. El afectado presentó alegaciones que han sido rechazadas, elevándose la propuesta a Junta de de Govern de este mismo jueves, ratificando la desestimación y la citada sanción.

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El policía infractor fue detenido el pasado 24 de noviembre por la Policía Nacional, a raíz de la denuncia del servicio de Inspección de la Conselleria d'Habitatge, en una actuación conjunta con la Policía Local, tras detectarse que el funcionario llevaba el control de 73 infraviviendas en las barriadas de la zona de Gomila, proximidades de la calle Manuel Azaña, Foners, Lluis Sitjar y de s'Indioteria. En la mayoría de casos se trataba de plantas bajas o sótanos de escasos quince metros cuadrados como máximo, sin luz ni ventilación. El agente detenido cobraba a los irregulares entre 300 y 750 euros al mes.

En el pasado mes de febrero, la Conselleria d'Habitatge impuso una sanción de dos millones de euros (2.040.068 euros) por infracciones «muy graves» al policía local detenido por alquilar 68 infraviviendas que gestionaba a través de una sociedad limitada en zonas de Palma como Gomila, Foners y sa Indioteria. Se trata de la mayor multa registrada por la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura hasta la fecha y es más alta que la suma de todas las sanciones de los últimos cinco años.

Por otro lado, la Plataforma de la Inmigración –que engloba a asociaciones de inmigrante–constituyó en febrero la plataforma de los afectados de estos habitáculos ilegales. Esta iniciativa se gestó a raíz de recoger amenazas por parte del policía local a muchos de sus inquilinos en los últimos meses. La mayoría, de origen dominicano. Hasta la fecha, han localizado a 40 familias de estas viviendas ilegales para ayudarles y defender sus derechos una vez sean desahuciados.