El responsable de Inmigración de Cáritas Española, Diego Fernández Maldonado, ha señalado que «nuestro foco de recurso va en torno a la extralimitación de algunos puntos del acuerdo que ofrece una mirada migratoria para el control del padrón». Así, advierte que la moción aprobada por el pleno de Cort «otorga a la Policía Local competencias de extranjería, que debería ser trasladadas a la Policía Nacional. Además, hay un componente discriminatorio hacia las personas irregulares».
Cáritas Española considera de extrema gravedad la aprobación por parte del Ajuntament de «la puesta en marcha de canales de denuncia anónima. Que un ciudadano determine si una persona está empadronada incorrectamente o no es inviable. Este dato tiene que conocerlo la Administración y punto. Nos preocupa porque es un canal discriminatorio». Otra de las medidas que proponía Vox era el registro de viviendas para comprobar la situación migratoria de sus habitantes. El responsable de Inmigración de Cáritas Española afirma que «a través del padrón se diseñan las políticas públicas. Estas medidas tienen un componente que nos preocupa».
«Hemos visto iniciativas similares de Vox en otros consistorios en España, pero no se llegó a un acuerdo para sacarlas adelante. En algunos se insinuó que se iba a aprobar pero recularon ante la reacción de las entidades», señaló. Solo otro ayuntamiento aprobó estas batería de medidas contra la inmigración ilegal a través del padrón y es El Campello (Alicante). El juzgado Contencioso-Administrativo ha admitido a trámite la denuncia de Cáritas Española y el Ajuntament se personará para defenderse.
Por otro lado, Cáritas ya ha empezado a detectar el temor entre los inmigrantes a empadronarse. En cuanto a la lucha contra el hacinamiento, «se trata de un problema social que no debe afrontarse desde el padrón sino a través del control de los precios de la vivienda y la mejora de su habitabilidad. Estas medidas no pueden ser una respuesta al problema de la vivienda», señala Fernández.
