La decisión de abrir esta vía se basa en el informe de los servicios jurídicos internos, que han concluido que el Ayuntamiento tiene la obligación de luchar en los tribunales para defender el patrimonio municipal. El portavoz socialista, Xisco Ducrós, ha cuestionado al decisión de Cort de acudir directamente a la vía judicial en lugar de intentar primero un recurso administrativo de reposición frente al Consejo de Ministros, algo que, aunque no fructificase, le permitiría ganar tiempo para negociar: «Nos llevan a la peor de las situaciones posibles». La regidora de Función Pública, Mercedes Celeste, ha respondido que es Mercasa quien no tiene interés en dialogar y quien cortó las negociaciones puesto que podía «ir a 'Papá Estado' para que se imponga». «Ha habido conversaciones, idas y venidas, pero el otro socio no quería ceder», ha insistido Celeste.
Para el equipo de gobierno no hay «alternativa» a la vía judicial. El Real Decreto que se impugna establece un periodo de tres meses (que termina el 27 de noviembre) para llegar a acuerdos, pero no parece que vayan a producirse, y ya se ha nombrado un interventor. Razonaba Celeste que, si se quedan las cosas tal como están, Palma habrá perdido el 45% de acciones de Mercapalma que ostenta Mercasa, sin compensación económica alguna, de modo que sólo un tribunal podrá revocar el Real Decreto. «Sólo tenemos dos opciones: ¿se lo regalamos, o lo luchamos y lo devolvemos a los ciudadanos?», en palabras de la edil 'popular'.
Vox no ha apoyado al PP en su litigio contra el Estado. Ignacio Esteban ha querido dejar al margen el debate sobre el modelo de Mercapalma (que seguirá funcionando como hasta ahora mientras la Justicia no se pronuncie) para centrarse en el posible recorrido del recurso. En Vox no creen que Palma pueda ganar el pleito y que el Ayuntamiento debería ponderar los posibles costes y otras «repercusiones indeseables». «No es un tema político, es puramente jurídico: ¿Le conviene o no al Ayuntamiento presentar este recurso?», se ha preguntado Esteban.
Así, el recurso saldrá adelante el lunes gracias al apoyo de Més, que tiene tres regidores, y la concejal de Unidas Podemos, Lucía Muñoz. Junto a los 11 ediles del PP suman la mayoría absoluta suficiente para que no haya sorpresas en el pleno. Con todo, el respaldo de las dos formaciones de izquierda tiene matices. La ecosoberanista Neus Truyol ha pedido al resto de fuerzas «no hacer partidismo», instando al PP que «no utilice Mercapalma como arma para lanzársela a Madrid». También ha considerado que el PP no ha sabido conducir la situación con Mercasa antes de llegar al escenario actual, algo que Muñoz ha calificado de «dejadez». Truyol ha avisado, además, de que con la judicialización del asunto se entra en una «espiral» que puede complicarse «con recursos de otros afectados en la ecuación» o incluso demandas a los concejales en función de su sentido del voto.
2 comentarios
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El nuevo PP rojo comunista bolivariano... 🤣
Claro, el PSOE (antes PSIB, que cambia de nombre cuando no gobierna) no va a ir contra su Jefe, Sanchez I.