Laura, de espaldas, habla con los concejales del PSOE, Xisco Ducrós y Angélica Pastor, junto a Angela Pons, de la PAH | Pilar Pellicer

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«Cobro 2.000 euros y me suben el alquiler a 1.500». Laura tiene unos ingresos mensuales que parece que podrían alejarle de la vulnerabilidad. Paga un alquiler de 800 euros pero los dueños del piso, en La Vileta, han decidido subirle la renta a partir del 3 de enero hasta un 87 por ciento de una tacada. Los propietarios no alegan necesidad ninguna para este súbito encarecimiento: son profesores de un conocido colegio concertado de ese mismo barrio, viven en un chalet familiar y cuentan con otros dos pisos alquilados.

«Me estoy tirando de los pelos. He intentado negociar con ellos, apretarme muchísimo y ofrecerles pagar hasta 1.000 euros, el 50 por ciento de mis ingresos. Estoy pagando el coche, tengo una niña de trece años y una serie de responsabilidades económicas. Pero no les sirve: dicen que no les sale a cuenta», explica la afectada por la emergencia habitacional que ha acudido este jueves al pleno acompañada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para exponer su caso.

Hasta ahora el perfil de Laura parecía ajeno al drama de la vivienda por sus altos ingresos. Pero el encarecimiento de la vivienda hasta límites insostenibles hace que esta madre soltera se vea en la calle a partir de Año Nuevo. «Es terrible lo que estoy viendo. Pisos a 1.300 o 1.500 eros. En los Pullman, un minipiso sin habitación se alquila ya a 980 euros. Es una auténtica locura». Ya ha puesto sus ojos en la Part Forana, «en Inca o Alaró. Pero cuando las inmobiliarias ven que soy madre soltera con una hija se echan para atrás y me impiden acceder a una vivienda». El perfil de persona con hijos está vetado en los anuncios inmobiliarios.

Laura ha ido al pleno municipal acompañada de Ángela Pons, portavoz de la PAH, que advierte que esta situación se repite «porque no se ha pedido que Palma sea declarada zona tensionada y así controlar los precios.Porque se están viendo afectadas personas que no tienen perfil de persona vulnerable».

La afectada ha advertido que «esto no solo me pasa a mí. Hay parejas separadas que siguen viviendo juntas o que se van a casa de sus padres». De momento, y a poco más de un mes de la fecha límite, Laura no ha encontrado ninguna solución para mudarse ella y su hija y los propietarios del piso, en el que lleva viviendo cinco años sin crear ningún problema, se niegan a negociar. En ese mismo pleno se han visto las diferentes caras de la emergencia habitacional: familias que viven en parques a punto de ser desahuciadas, trabajadores que se refugian en autocaravanas expuestos a sanciones y madres 'dosmileuristas' que no se libran de la codicia inmobiliaria.