El regidor ha llamado la atención sobre las dificultades que supone para los municipios calcular el importe de esta tasa. La normativa obliga a los ayuntamientos a cubrir el 100 % del coste de la recogida y tratamiento de residuos mediante una tasa, antes de junio de 2025. Con todo, el caso de Palma es distinto al encargarse del servicio una empresa municipal, Emaya, que puede aplicar bonificaciones. Por ello, Bauzá ha tranquilizado señalando que los ciudadanos no tendrán que asumir el coste.
Por su parte, la regidora de Més Neus Truyol ha acusado al PP de crear «alarmismo» con este asunto y ha lamentado que al Ajuntament «le importa bien poco hacer políticas sostenibles de residuos o incrementar el reciclaje». «No entiendo cómo un partido soberanista como Més no vota a favor», le ha replicado Bauzá. Mientras, Ignacio Esteban, de Vox, ha deslizado durante el debate que el PP europeo votó a favor de la directiva de la que deriva esta obligación. «Nosotros estamos en contra de imponer modelos de gestión, cercenando la autonomía tributaria de las haciendas locales», ha apostillado.
En virtud del texto presentado por el PP, el pleno del Ajuntament de Palma ha acordado pedir al Gobierno que no se obligue a los municipios a aplicar la tasa, además de rechazar «el ataque directo» a la autonomía fiscal local. Con todo, Vox ha votado en contra de un punto que pedía poner en marcha un plan nacional de infraestructuras para la economía circular para alcanzar los objetivos nacionales y europeos, pero ha salido igualmente adelante con el apoyo del PSOE.
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