La organización ha recordado en un comunicado que reclamó en noviembre del año pasado una reunión interinstitucional con el Ayuntamiento de Palma, el IMAS y la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales sobre la situación de la antigua prisión y pidió la creación de una comisión de seguimiento y trabajo coordinado. En la reunión celebrada en enero se constató la falta de información coordinada y precisa sobre el número de personas afectadas por el inminente desalojo, necesario ya que el edificio está en riesgo de derrumbe, y propusieron un plan de acción y mantener la coordinación entre las administraciones competentes y las entidades del tercer sector especializadas en sinhogarismo.
Después de no haber recibido ninguna información desde entonces, este miércoles a las 8 de la mañana la Policía Local ha acudido a la cárcel, ha identificado a los presentes y les ha hecho firmar un acta de cese voluntario de okupación ilegal de bienes públicos, donde les dan 10 días naturales para irse o iniciaran un procedimiento administrativo y les impondrán multas de hasta un 5 % del valor de los bienes ocupados y por resistencia (de entre 601 y 30.000 €). Metges del Món denuncia que los afectados «se sienten criminalizados, cuando su situación de exclusión residencial y social no es voluntaria» y que, en su situación de precariedad económica, «esta acción policial del Ayuntamiento de Palma les estigmatiza aún más».
Denuncian además que nadie de Servicios Sociales se ha interesado por su situación. En la antigua cárcel de Palma conviven una persona que lleva más de 30 años allí, con varios residentes desde hace una media de 3 años y otros que llevan poco tiempo y que han llegado «por la situación de exclusión residencial y el alto precio de las viviendas de Baleares».
Metges del Món recalca que no todas las personas que residen en la antigua cárcel son consumidoras o personas en exclusión social crónica y advierte de que «hay un nuevo perfil de sinhogarismo más joven, que no encuentra oportunidades para alquilar en la isla y se ve abocada a encontrar soluciones alternativas para su integridad física y mental». La entidad reivindica «la no criminalización de las personas sin hogar» y la necesidad urgente de organizar grupos de trabajo interinstitucional y con las entidades especializadas para realizar un plan adecuado para ellos.
La organización ha agradecido que la Dirección de Servicios Sociales esté de acuerdo en crear una mesa de coordinación interinstitucional, con la participación de las entidades y grupos políticos, siempre y cuando sean de carácter operativo y constructivo, y no reivindicativas. Y también que la concejalía de Bienestar Social les haya convocado a una reunión bilateral sobre este asunto el 19 de marzo.
3 comentarios
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Esto se arregla rápidamente: los directivos de esta organización que se lleven.los okupas a su casa y arreglado🤑
Algunos de estos médicos han ido a visitar esta gente que algunos están enfermos ? Pues eso es su trabajo y no meterse en política.
Yo observo que este alcalde se esfuerza por poner orden al desdén en el que nos dejó el anterior equipo de gobierno. Médicos del mundo debería trabajar en origen con los migrantes para que puedan mejorar su vida y no acentuar los problemas que están creciendo e invadiendo todo lo conseguido. Sí a la migración pero de forma ordenada y legal.