El regidor de de Seguretat Ciutadana i Civisme, Miquel Busquets, y el director general de Seguretat Ciutadana, Jaume Pla, han comparecido este jueves en las comisiones previas al pleno, después de que PSOE y Podemos reclamaran explicaciones por las notificaciones que han ido recibiendo los moradores del recinto municipal.
El equipo de gobierno insistió en varias ocasiones que no habrá desahucio en cuanto se cumplan los diez días desde que se les entregó la notificación policial, es decir, este fin de semana. Así, la entrega de notificaciones de estos días se debe a «la fase inicial administrativa, en el que se van a identificar a las personas, el tiempo que llevan en esta situación». Jaume Pla respondió a la batería de preguntas de Lucía Muñoz, regidora de Podemos. Así, aseguró que la orden de enviar policías a Sa Presó el pasado 12 de marzo partió de «Afers Socials y Urbanisme». Hasta el momento se han identificado «a 42 personas, de las cuales había nueve mujeres. No había menores». Pla aseguró que «nuestra prioridad es proteger la seguridad de las personas. La Policía Local actúa de forma proporcionada».
Busquets explicó que tras cumplir los diez días de que se entregara la notificación para el desalojo voluntario, «la Policía Local hará una nueva visita. La antigua prisión está sufre un riesgo estructural significativo y la prioridad es la seguridad de las personas que allí residen, que están en condiciones insalubres». El concejal explicó que tienen informes de Urbanisme, Bomberos e Infraestructuras que confirman el mal estado de la estructura de la cárcel- «Este edificio no cumple las condiciones mínimas de habitabilidad. Llevamos más de una década enfrentándonos a la ocupación de este espacio».
El regidor, además, dijo que una vez desalojada la cárcel, está previsto «un proyecto de movilidad del Consell y el Ajuntament lo destinará a «ofrecer soluciones habitacionales reales. Queremos hacer la transición de manera segura y buscar soluciones para las personas que allí viven».
Por su parte, la regidora de Afers Socials, Lourdes Roca, señaló que «estos días se han entregado notificaciones para iniciar el desalojo a nivel administrativo y así recuperar el bien». Su departamento tendrá una reunión «con la Conselleria d'Afers Socials y el IMAS para ver qué recursos tenemos y que a quién le podemos ofrecer una alternativa o darle una ayuda para vivienda. Hay que tener en cuanta que el empadronamiento de las personas que están allí se ha incrementado un 30 por ciento cuando se dijo que iban a dar casas a todo el mundo». Roca aseguró que «a mí lo que me interesa es la identificación».
Lucía Muñoz, concejala de Podemos, denunció «la represión policial contra el sinhogarismo. Hay entre 200 y 300 personas y la realidad es que los van a desahuciar para construir una rotonda». E insistió en que «no puede haber menores y que haya una actuación policial violenta».
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