Los cuatro detenidos en relación al matadero ilegal de sa Pobla han
quedado en libertad con cargos tras haber declarado ante el Grupo
de Delincuencia Económica. Las acusaciones contra ellos son
diversas según las implicaciones. Los dos vecinos de Lloseta, por
ejemplo, eran los encargados de sacrificar los animales. Uno de
éstos acusados, por ejemplo, había trabajado un solo día, por lo
que su implicación sería menor.
El grueso de la presunta responsabilidad penal se centraría
sobre el matrimonio de sa Pobla, propietario de la carnicería. En
principio, se les acusa del delito contra la salud pública,
contemplado en el Código Penal. Pero además, se iniciará otra
investigación paralela por las sospechas de que han estado
defraudando a Hacienda. Se tiene constancia de que el matadero
ilegal ha estado funcionando desde hace 20 años.
Gabriel G. tenía una cobertura legal. Compraba partidas de
ganado y en teoría lo llevaba a sacrificar al matadero de Inca.
Pero la policía tiene pruebas de que partes importantes de las
partidas las desviaba hacia el matadero ilegal. Con ello, además
del delito contra la salud pública, se ejercía una actividad
económica no legalizada y se movían importantes cantidades de
«dinero negro». La cifra exacta no está todavía cuantificada, pero
se habla de millones de pesetas por mes. Con respecto a los
clientes de la carne ilegal, la policía ha iniciado ya una serie de
gestiones encaminadas a ir detallando y localizando a los
compradores. En Palma, por ejemplo, se ha comprobado la existencia
de varios centros que han estado comprando carne al matrimonio de
sa Pobla detenido, y lo mismo ha ocurrido en varios negocios de la
Part Forana.
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