La Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears ha
comenzado a remitir a los propietarios de viviendas vacacionales
del municipio de Pollença las esperadas licencias de funcionamiento
y lo que en principio podría significar el final de un año de
tramitaciones no hace más que revelar más impedimentos
burocráticos.
La alcaldesa, Francisca Ramon, ha confirmado que los permisos
están condicionados a la próxima presentación de una licencia de
actividades, requisito imprescindible para que la licencia que
concede Turisme tenga validez. El problema radica en que el
Ajuntament no está capacitado para conceder licencias de
actividades a viviendas ubicadas en suelo rústico. «Nos piden un
imposible», ha manifestado la batlessa y se plantea ahora convocar
una reunión con las partes para buscar una salida a esta
situación.
En Pollença hay más de 1.000 viviendas vacacionales pendientes
de los permisos de Turisme para funcionar legalmente la próxima
temporada. Se calcula que los chalets que funcionan desde hace años
en el municipio como viviendas vacacionales rondan los 1.500, pero
la entrada en vigor de la nueva Ley General de Turismo, aprobada
por el gobierno Matas, dejó aproximadamente a 400 propietarios sin
posibilidad de continuar con su actividad.
En muchos casos, los propietarios carecen de planos y documentos
que acrediten la legalidad de las viviendas, muchas de las cuales
han sido ampliadas sin permiso.
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