El Ajuntament de Sant Llorenç recurrirá al Tribunal Constitucional
para poder recuperar la concesión de la playa de sa Coma, que
actualmente tiene la empresa Redó SA, desde el año 1990, concedida
a través de una orden del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, por un periodo de 20 años.
El Consistorio opina que la concesión se dio de forma irregular
a esta empresa. «Éste es uno de los graves temas de corrupción
durante el tiempo en que, a nivel nacional, gobernó el PSOE»,
afirma el portavoz del grupo municipal PSM, Antoni Sansó.
Los hechos se remontan a 1990 cuando el Ministerio de Obras
Públicas y Transportes concedió la explotación de la playa de sa
Coma, «mediante una norma que estipulaba que una empresa podía
tener la concesión de una playa si la había regenerado o
construido. El empresario con este documento solicitó la
explotación de sa Coma alegando que se había gastado unos 300
millones de pesetas en construir la playa cuando todo el mundo sabe
que es natural», comenta Antoni Sansó, que vivió esta experiencia
como regidor en el Ajuntament.
Ante este hecho, el Ajuntament presentó un recurso ante la
Audiencia Nacional contra la decisión del Ministerio pero éste fue
desestimado al cabo de tres años. En 1993, el Ajuntament decidió
presentar un contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo.
Éste contesta al cabo de siete años que desestima el contencioso al
tener un defecto de forma, según la nueva doctrina formalista de
1998 y que por tanto «no entra en el fondo del asunto», explica el
alcalde de Sant Llorenç, Mateu Puigrós (GISC).
Éste considera que «el Supremo no debería haber esperado siete
años para decirnos que el documento tiene un defecto de forma y más
sobre una ley posterior a cuando nosotros presentamos el
contencioso». El Ajuntament reclama la concesión porque «dejamos de
ganar unos 35 millones de pesetas al año, y debemos gastar parte
del presupuesto para vigilar la zona».
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