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El Ajuntament de Sant Llorenç recurrirá al Tribunal Constitucional para poder recuperar la concesión de la playa de sa Coma, que actualmente tiene la empresa Redó SA, desde el año 1990, concedida a través de una orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por un periodo de 20 años.

El Consistorio opina que la concesión se dio de forma irregular a esta empresa. «Éste es uno de los graves temas de corrupción durante el tiempo en que, a nivel nacional, gobernó el PSOE», afirma el portavoz del grupo municipal PSM, Antoni Sansó.

Los hechos se remontan a 1990 cuando el Ministerio de Obras Públicas y Transportes concedió la explotación de la playa de sa Coma, «mediante una norma que estipulaba que una empresa podía tener la concesión de una playa si la había regenerado o construido. El empresario con este documento solicitó la explotación de sa Coma alegando que se había gastado unos 300 millones de pesetas en construir la playa cuando todo el mundo sabe que es natural», comenta Antoni Sansó, que vivió esta experiencia como regidor en el Ajuntament.

Ante este hecho, el Ajuntament presentó un recurso ante la Audiencia Nacional contra la decisión del Ministerio pero éste fue desestimado al cabo de tres años. En 1993, el Ajuntament decidió presentar un contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo. Éste contesta al cabo de siete años que desestima el contencioso al tener un defecto de forma, según la nueva doctrina formalista de 1998 y que por tanto «no entra en el fondo del asunto», explica el alcalde de Sant Llorenç, Mateu Puigrós (GISC).

Éste considera que «el Supremo no debería haber esperado siete años para decirnos que el documento tiene un defecto de forma y más sobre una ley posterior a cuando nosotros presentamos el contencioso». El Ajuntament reclama la concesión porque «dejamos de ganar unos 35 millones de pesetas al año, y debemos gastar parte del presupuesto para vigilar la zona».