Según la promotora, de las 5.853.221.998 pesetas del total de la
indemnización, 643'4 millones de pesetas corresponden a los gastos
derivados del cumplimiento de los deberes inherentes al proceso
urbanizador que han quedado sin efecto como consecuencia de la
protección de es Canons. En cambio, los 5.190 millones de pesetas
restantes corresponden al valor del aprovechamiento urbanístico
suprimido.
Ahora se cumplen seis meses exactos desde que entró en vigor la
ampliación de la Ley de Espacios Naturales (LEN) que implicó la
desclasificación y posterior protección de es Canons de Artà. «Esta
es la primera vez que Cala Veya SA pide una indemnización al
Govern. No sabemos si ganaremos o no. Pero la desclasificación nos
obliga a pedir indemnizaciones y la reversión de la propiedad de
Betlem, ahora en manos del Ajuntament d'Artà», manifestó ayer el
representante de la promotora, Bartomeu Pericàs.
Hace unos cinco meses, los promotores ya se entrevistaron con el
conseller d'Obres Públiques «pero nadie quiere saber nada. Sampol
también dijo que estaban dispuestos a comprar es Canons, pero nada
más». Cala Veya SA ha esperado a tener el informe redactado por un
abogado de Madrid especialista en Derecho Urbanístico para fijar el
precio de la indemnización. El Govern tiene seis meses para
contestar. «Si no, iremos a los juzgados», concretó Pericàs.
En el informe se pone de manifiesto que Cala Veya SA «cumplió
escrupulosamente con los deberes inherentes al proceso urbanizador»
hasta el momento en que se produjo la protección de es Canons.
También indica que han sido las Administraciones quienes «han
traicionado el principio de confianza legítima».
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