El juzgado número 1 de Inca ha archivado la causa penal contra
Amparo Benítez y Antonio Benito, propietarios de la residencia
clandestina de ancianos que el Govern ordenó clausurar el pasado
día 1 de febrero. El juez entiende que no se deriva una
reponsabilidad penal de los hechos que la Policía Local de
Binissalem detalló en un pormenorizado informe fotográfico. No
obstante, queda abierta la puerta para aplicar sanciones
administrativas. El informe policial ha sido remitido al fiscal por
si desea actuar en consecuencia.
Por su parte, el Ajuntament de Binissalem ha abierto dos
expedientes de infracción contra los propietarios de la residencia
«Las abuelas» por realizar obras sin permiso en el interior de la
vivienda y por no haber solicitado la licencia de actividades
precisa para montar cualquier negocio.
La residencia «Las abuelas» estaba ubicada en las inmediaciones
del camino de s'Argila. La policía encontró a diez ancianos en una
vivienda en obras. Según relató el alcalde, los residentes vivían
en condiciones «deplorables». La policía encontró excrementos
humanos en una de las habitaciones y a un anciano resguardándose
del frío con un plástico. El arquitecto municipal declaró el estado
de ruina inminente de la vivienda.
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